Patricia Benavides acudirá a citación del MP para responder por presunta red criminal

La situación legal de Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal de la Nación, se complica aún más, ya que deberá rendir su declaración indagatoria ante el Ministerio Público entre el 25 y 26 de enero. La investigación en curso sugiere que Benavides lidera una organización criminal con tentáculos en el Congreso. Su abogado, Juan Peña, aseguró que acudirán a la citación siempre y cuando se respete el debido proceso.

Abogado de Patricia Benavides asegura que no existen pruebas válidas

En declaraciones al programa 'Las cosas como son' de RPP, Peña destacó que han asistido a todas las diligencias anteriores, ya sea en el Congreso o la Junta Nacional de Justicia. Además, cuestionó la suspensión provisional de Benavides por parte de la JNJ y argumentó que no existen fundamentos sólidos basados en los chats de Jaime Villanueva, exasesor de confianza de Benavides.

El abogado afirmó que la JNJ carecía de argumentos para la suspensión provisional de su cliente y que los chats presentados como evidencia estaban manipulados. Asimismo, mencionó que la defensa considera inválidos tanto el proceso como la suspensión, por lo que han presentado una acción de amparo.

“Si la JNJ tiene como causal de evidencia suficiente los chats que han sido manipulados. Nosotros, como defensa, creemos que no existe esta causal; por lo tanto, el proceso y la suspensión son inválidos”, expresó en dicho programa.

¿Qué cargos enfrenta Patricia Benavides?

La investigación, iniciada por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos el 8 de enero, se centra en presuntos delitos de organización criminal, corrupción, cohecho activo y pasivo específico, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y real. El plazo inicial para estas diligencias preliminares es de seis meses.

La situación legal de Benavides también se vio afectada por la decisión del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que declaró improcedente la demanda para dejar sin efecto la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Esta instancia argumentó que la fiscal no agotó su proceso administrativo y señaló que no proceden medidas constitucionales en este caso.