La investigación a la organización criminal que habría dirigido la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, pone en duda los concursos realizados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) entre diciembre de 2021 y julio de 2022 para elegir nuevos fiscales supremos titulares y al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
De acuerdo con el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, el exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón Dall’Orto habrían influido en la JNJ para que Benavides sea nombrada fiscal suprema titular y Juan Antonio Fernández Jerí se convierta en jefe de la referida Autoridad de Control.
Esta información habría surgido de las declaraciones reservadas del colaborador eficaz CE-33-2023-EFICCOP, del 4 de diciembre de 2023, el testimonio del fiscal superior Rafael Vela Barba y de otras diligencias, según la resolución emitida por el juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero.
La forma, modo y circunstancia en que se habría realizado esa influencia sobre todos o algunos de los siete consejeros de la JNJ será parte de la investigación.
Al respecto, la JNJ emitió un comunicado en el que expresó que están abiertos a cualquier investigación y que “realiza procesos de selección y nombramiento transparentes y no admite en ellos interferencia de ninguna índole”.
Por su parte, el exministro Garrido Lecca, quien se encuentra fuera del país, anunció su pronto retorno para someterse a las investigaciones.
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Efectivamente, la JNJ eligió a Benavides y Fernández en sendos concursos públicos realizados uno entre diciembre de 2021 y junio de 2022 y el otro de abril a junio de 2022.
Ambos concursos parecen haberse desarrollado con normalidad. En el concurso para fiscales supremos, aunque los evaluadores deberían ser anónimos, en un video aparece que Benavides identifica a uno de ellos. Había sido su profesor.
Luego, pocos días antes de la crucial entrevista personal, la prueba que define al ganador, la JNJ admitió errores en la calificación curricular de uno de los candidatos, le descontó puntos y alteró el orden de mérito para todos los concursantes.
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Pero lo más grave fue que se pasaron por alto los antecedentes negativos de los candidatos ganadores. En el caso de la suspendida fiscal de la Nación, el hecho de que su hermana, la jueza superior de Lima Emma Benavides, esté bajo investigación por recibir presuntos pagos del narcotráfico.
En otro concurso, cualquier otro candidato con ese antecedente habría sido descalificado de entrada. Aquí la Junta creyó en la inocencia de las hermanas Benavides Vargas.
Fernández Jerí también enfrentó una peculiar investigación en el Ministerio Público por presuntamente solicitar dinero. El año 2014, Yanet Guerrero Mego denunció que Fernández le solicitó dinero para lograr que el entonces fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, archive la investigación contra su padre.
El caso se archivó sin mayores indagaciones y la Junta pasó por alto ese incidente.
La Junta Nacional de Justicia habría sido influenciada para nombrar a Patricia Benavides y Fernández Jerí.