Luego de menos de seis meses de su extradición al Perú e internamiento en el penal de Barbadillo, el expresidente Alejandro Toledo Manrique compareció de forma virtual a la instalación de la audiencia que dio inicio al juicio del caso de la carretera Interoceánica Sur, que involucraría a la constructora Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 durante su mandato.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, conformado por los magistrados Zaida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richarth Quispe Vilcapoma, demoró un día en dicha instalación debido a la solicitud del fiscal José Domingo Pérez de permitir el ingreso de los periodistas para la cobertura de dicho proceso.
Sin embargo, el colegiado denegó la solicitud argumentando razones de “salud” y “aforo” y decidió que el acceso sea a través de la difusión vía Justicia TV “por razones de ambiente”.
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Durante esta instalación, la Fiscalía ratificó el pedido de 20 años y seis meses contra el exmandatario por los delitos de colusión y lavado de activos; adicionalmente, nueve años de inhabilitación para trabajar en el sector público.
Además del expresidente Toledo, son procesados su exjefe de seguridad durante su gobierno, Avraham Daon; los exmiembros del Comité de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Paso Font; los exrepresentantes de la empresa ICCGSA José Castillo Dibós y Fernando Camet Piccone; así como el exrepresentante de la empresa Graña y Montero Gonzalo Ferraro Rey. Son acusados por haber pedido y tramitado, respectivamente, un aporte de 35 millones de dólares a Odebrecht a cambio de adjudicarle la construcción de dos tramos de la Interoceánica Sur.
Los magistrados les recordaron que, si admiten su responsabilidad, se puede declarar la conclusión anticipada del juicio con una reducción de la condena. Les dio un plazo para que los acusados conversen con sus abogados y suspendieron la audiencia hasta el viernes.
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Todos los implicados en la denuncia fiscal estuvieron presentes, menos Camet Piccone. Al ser su segunda ausencia y no conocerse su paradero, los jueces lo declararon reo contumaz.
Su defensa, el abogado Eduardo Roy Gates, afirmó que no había tenido comunicación con su patrocinado y que desconocía las razones de su ausencia.
El colegiado ordenó su captura inmediata en el ámbito nacional e internacional, en cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal.
“A diferencia del caso Ecoteva, este caso será regido por el nuevo código”, sostuvo la jueza Pérez Escalante.
Luego de exponerse dicha resolución judicial, la Procuraduría Ad Hoc, representada por Carlos Fernández Muñoz, solicitó que los jueces emitan un oficio a Interpol para determinar la ubicación de Camet Piccone a la brevedad posible.
“Para evitar lo que pasó con el juez supremo César Hinostroza”, enfatizó.
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Excluidos. José Graña y Hernando Graña fueron retirados de la acusación tras recibir sentencias de colaboración eficaz.
Defensa técnica del expresidente. Su abogado es Roberto Su Rivadeneyra.