Este 29 de marzo, desde las 9.00 a.m., la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema analizó el recurso de apelación que presentó la defensa del vacado expresidente Pedro Castillo que busca anular la prisión preventiva de 36 meses por los presuntos delitos de organización criminal en la modalidad de colusión y tráfico de influencias que se impuso en su contra a inicios de marzo. Esto en el marco de las investigaciones por los casos de Provías Descentralizado y Ministerio de Vivienda y Petroperú.
El pasado 9 de marzo, el juez supremo Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo. La misma medida también recae para el exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia.
En la sesión, el expresidente Pedro Castillo hizo uso de la palabra y rechazó la imputación fiscal de ser líder de una organización criminal y cómplice de un delito sin autor. Finalmente, se informó que la sala decidirá y comunicará la decisión final en los próximos días.
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En dicha audiencia, el magistrado supremo Checkley aseguró que existen graves y fundados elementos de convicción contra el expresidente, por lo que se cumplió el primer presupuesto para dictar una orden de prisión preventiva.
Una situación diferente ocurrió con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, ya que el juez determinó en su contra solamente medidas con restricciones. Su defensa se mostró conforme con dicha decisión; sin embargo, la Fiscalía mencionó que apelará.
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Durante la audiencia en la que se dictó 36 meses de prisión preventiva, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza sustentó la prognosis de la pena conforme a la acusación contra el vacado exmandatario. Al respecto, indicó que a este último le correspondería una condena de 32 años de prisión.
"La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50, nos permite establecer que la pena a imponerse, en el caso (de) que sea así —en un supuesto—, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años", detalló.