Tras más de dos años de investigación preparatoria, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, solo acusó al expresidente Martín Vizcarra por uno de los cinco delitos por los que le inició investigación el 16 de octubre del 2020.
La acusación, presentada el 16 de diciembre del 2022, ante el Quinto Juzgado Penal Nacional de Investigación Preparatoria pide 15 años de prisión para Vizcarra Cornejo, pero solo contempla el delito de cohecho pasivo propio por hechos vinculados a su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre el 2011, en relación con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua.
El 16 de octubre, Juárez inició diligencias preliminares por delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir, cometidos como parte de una organización criminal.
Es de señalar que este documento y la cantidad de delitos fueron clave y el principal sustento del proceso de vacancia del expresidente Vizcarra, de noviembre del 2020, y su posterior inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años, de abril del 2021, por permanente incapacidad moral o por pertenencia a una organización criminal de corrupción estatal, respectivamente.
El 3 de febrero del 2022, la Fiscalía calificó alternativamente los cargos contra Vizcarra por delito de cohecho pasivo propio; en tanto, en agosto del 2022, amplió la investigación para incluir el delito de usurpación de funciones. Lo que presentó al expresidente ante la opinión pública y política como una persona capaz de cometer una multiplicidad de crímenes contra el Estado.
Martín Vizcarra fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en gestión publica por 5 años. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
Así, al concluir las diligencias en diciembre del 2022, el expresidente Vizcarra era investigado por cinco presuntos delitos: colusión agravada, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio, usurpación de función pública y asociación ilícita para delinquir.
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Pero, en diciembre, el equipo especial informó a la opinión pública que formuló acusación solo por el delito de cohecho pasivo propio en el marco de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante la época en que fue gobernador regional de Moquegua.
Entendiéndose que los cinco delitos bajo investigación se sustentaron en las declaraciones en colaboración eficaz de los directivos del consorcio Obrainsa-Astaldi, es de suponer que las pruebas aportadas solo alcanzarían para probar un delito: la supuesta entrega de dinero a cambio de los contratos. Es decir, nada de organización criminal, colusión ni usurpación de funciones.
El abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, sostiene que la acusación fiscal refuerza las denuncias y demandas sobre la falta de sustento de los procesos de destitución e inhabilitación del expresidente de la República. Vizcarra espera que con todos estos elementos el Poder Judicial anule la inhabilitación.
Martín Vizcarra fue electo como congresista; sin embargo, no pudo jurar como tal debido a la inhabilitación que le impuso el Congreso. Foto: La República
Justicia. El expresidente Martín Vizcarra espera una resolución favorable en un proceso de amparo que lo rehabilite y pueda postular a cargo de elección. Su demanda de amparo sería reforzada con la acusación presentada por la Fiscalía y el archivo de cuatro delitos.