El comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, primer vicepresidente relator para el Perú de la CIDH, señaló que el Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha contribuido a la incertidumbre jurídica por su falta de pronunciamiento respecto a la figura de incapacidad moral permanente, incluso cuando fue consultada al respecto.
“La CIDH toma nota de que el Tribunal constitucional no ha externado opinión sobre el alcance constitucional sobre una de las figuras como lo es la incapacidad moral permanente, incluso en casos que le han sido presentados en momentos oportunos”, señaló.
En este sentido, Ralón Orellana advierte que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “esta falta de pronunciamiento ha contribuido a una situación de incertidumbre jurídica respecto a si se pronunciará sobre otro tipo de causales como la acusación constitucional contra el presidente y la vicepresidenta”.
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Asimismo, consideró que la crisis institucional en el Perú solo podrá ser superada si el TC toma el rol de arbitro que “evite arbitrariedades o excesos que quebranten el principio de legalidad, el debido proceso y el equilibrio de poderes.
Finalmente, Edgar Stuardo Ralón instó a los poderes del Estado peruano a no quebrantar el orden institucional: “Urge a todos los poderes del Estado abstenerse a hacer llamados a un arbitrario uso de la fuerza o rompimiento institucional. En este momento, el Perú vive una crisis institucional por hechos inéditos que se han dado en las últimas semanas”.
Este pronunciamiento de la CIDH se realizó durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la solicitud del presidente Pedro Castillo para activar la Carta Democrática Interamericana, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que subrayó el “respeto a su autonomía” y negó “algún interés político”.
Ante la crisis política que vive el país, el presidente Pedro Castillo y el canciller César Landa enviaron un documento a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde solicitaron que se apliquen los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana “para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”. Por este motivo, la OEA llevará a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente.
Recordemos que el Artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana indica que: “cuando el gobierno de un Estado considera que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.