Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos manifestó su respaldo a Patricia Benavides

A través de un comunicado, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) manifestó su respaldo al Ministerio Público y a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Esto en aras de reafirmar la defensa de la autonomía y la independencia de este tipo de organismos en la región en lo referente a las acciones investigativas que les compete realizar.

Según se detalla, el pronunciamiento se da a causa de “la preocupación por los constantes actos de presión política”, que afectan a este tipo de instituciones (Ministerios Públicos, Fiscalía y Procuradurías Generales). Acciones que han causado una merma en los marcos de acción de los mencionados organismos; en particular, en lo que refiere a la investigación relacionada con la problemática del crimen organizado.

El documento fue firmado por distintos fiscales y procuradores de América Latina que toman parte en la AIAMP: Eduardo Ezequiel Casal (Argentina), Augusto Aras (Brasil), Francisco Barbosa (Colombia), Juan Agustín Meléndez (Chile), Diana Salazar (Ecuador), entre otros.

Fiscalía vs. Ejecutivo

El respaldo a la labor del Ministerio Público se da en un momento crítico de la relación de este organismo autónomo con el Poder Ejecutivo, que viene investigando tanto al jefe de Estado como a sus allegados bajo la hipótesis de la comisión de serios delitos.

En particular, desde esta última la mayor parte de la tensión se ha trasladado a las figuras de la fiscal Patricia Benavides y el presidente Pedro Castillo, dada la denuncia constitucional que ahora pesa sobre el inquilino de la Casa de Pizarro, interpuesta por Benavides.

¿Las razones? La presunta participación de Castillo en actos ilícitos relacionados con los casos Puente Tarata III y Petroperú. Bajo este supuesto, se acusa al jefe de Estado los siguientes delitos: organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y tráfico de influencias agravado.

El futuro de la denuncia constitucional

La imputación de la fiscal Benavides deberá pasar necesariamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso.

La presidenta de este grupo parlamentario, Lady Camones (APP), ha sido clara en explicar que el proceso para revisar la denuncia no será tan rápido, y que se deberá aguardar un periodo aproximado de dos a tres meses para tener respuesta sobre parte de la resolución de este caso.

“El congresista delegado (de la denuncia) es el que va a poner a quiénes se les citará como testigos, qué pruebas se van a evaluar. Dependiendo de la cantidad de testigos que presente el congresista delegado, como atendiendo los derechos de defensa y debido proceso, quienes son imputados van a tener que presentar sus propios testigos. Si son un número alto, se va a tener que dar un tiempo adecuado para poder escucharlos y poder convocar audiencias. Yo estaría estimando de dos meses y medio a tres meses”, declaró la congresista en un medio local.