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Política

Patricia Benavides y los retos que tendrá que enfrentar tras asumir la Fiscalía de la Nación

Patricia Benavides deberá liderar casos que involucran a funcionarios y exfuncionarios en presuntos actos de corrupción, incluido el presidente Pedro Castillo.

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Patricia Benavides tiene pendiente investigaciones que involucran a Pedro Castillo, Bruno Pacheco, Juan Silva, entre otros. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

Retos. Liz Patricia Benavides Vargas asumió como fiscal de la Nación, el último viernes 1 de julio. La magistrada liderará el Ministerio Público por tres años, periodo en el que verá diversas investigaciones pendientes en la institución que involucran a funcionarios y exfuncionarios públicos en presuntos actos de corrupción.

Patricia Benavides, quien entró en reemplazo de Zoraida Ávalos, ya adelantó que seguirá “la línea de investigación” dejada por el fiscal interino Pablo Sánchez respecto a la hecha al presidente de la República, Pedro Castillo, por el caso Puente Tarata III.

Sobre la investigación de Pedro Castillo, vamos a seguir la misma línea de investigación iniciada por el doctor Pablo Sánchez por cuanto la investigación se desarrolla respetando el debido proceso y las normas legales”, afirmó en conferencia de prensa.

La nueva fiscal de la Nación también deberá ver otros casos que involucran presuntas coimas y licitaciones dadas a empresas de manera irregular en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Aquí están involucrados el extitular del sector Juan Silva, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, seis legisladores de Acción Popular que pertenecerían al grupo ‘Los Niños’, entre otros.

Pedro Castillo y el caso Puente Tarata

Tal vez el principal reto que tiene Patricia Benavides sea la investigación que involucra a Pedro Castillo. El mandatario es investigado por pertenecer a una organización criminal en Palacio y lo seguirá siendo, de manera preliminar, luego de la decisión judicial de Juan Carlos Checkley, quien declaró infundada la tutela de derechos por una “presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal”.

Esta decisión de investigar a Pedro Castillo marca un hito en la historia del Perú pues lo convierte en el primer mandatario en funciones que declara ante el Ministerio Público y que es señalado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Las investigaciones contra Castillo Terrones dentro de la Fiscalía iniciaron con los dichos de la aspirante a colaborada eficaz Karelim López, quien señaló que Juan Silva coordinaba con operadores cercanos al dignatario para hacer licitaciones irregulares en el MTC.

De acuerdo al audio transcrito por el despacho de la fiscal Karla Zecenaro, el 25 de mayo, Zamir Villaverde confirmó que Juan Silva y Juan Altamirano, su exasesor en el MTC, habrían coordinado con el mismo Villaverde la adjudicación de obras públicas con la participación de Fray Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo, y de presunto conocimiento del jefe de Estado.

Para la Fiscalía, Pedro Castillo estaría envuelto en estos presuntos actos de corrupción en el MTC al ser mencionado en los audios de Zamir Villaverde como la persona que intercede en dichas adjudicaciones por medio de su sobrino.

Castillo Terrones también es investigado por la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. Entre una de las preguntas respondidas a la Fiscalía, Castillo negó ser el líder de una organización criminal.

Juan Silva y caso MTC

Otro caso que deberá ver con prioridad la Fiscalía será el de Juan Silva, exfuncionario que lleva más de 25 días desaparecido y por quien el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) ofrece S/ 50.000 si alguien da información de su paradero.

Juan Silva es investigado por haber recibido presuntas coimas y direccionar concesiones de obras que licitaba Provías Descentralizado y Provías Nacional, entidades adscritas al MTC. La Fiscalía citó a Silva para el último 6 de junio; no obstante, al igual que Pedro Castillo, no se presentó a la citación.

Según la tesis fiscal, Pedro Castillo encabezaría una organización criminal en complicidad con Juan Silva, quien es señalado por Zamir Villaverde de recibir “cien grandes” como parte del pago ilegal por la adjudicación de contratos en el MTC.

De acuerdo a fuentes de este diario, Silva Villegas permanecía escondido en una vivienda en la ciudad de Pacasmayo, en La Libertad, pero efectivos no lograron encontrarlo. Esta acción de Silva contradice lo dicho por su abogado Alfredo Yalán, quien dijo que su cliente “se entregará a la justicia”.

Juan Silva

Silva Villegas es el tercer personaje del entorno de Castillo Terrones con orden de detención por presuntos actos de corrupción en el MTC. Desde fines de marzo, se encuentran con orden de búsqueda, ubicación y captura el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco y el sobrino del presidente Castillo, Fray Vásquez Castillo, por el caso Puente Tarata III.

Bruno Pacheco y los $ 20.000 en su despacho

Bruno Pacheco es otro de los investigados en el caso Puente Tarata III que se encuentra prófugo de la justicia. La Fiscalía lo sindica de haber usado su cercanía a Pedro Castillo para relacionarse con funcionarios de Provías Descentralizado y del MTC con el fin de direccionar obras.

Por el exasesor presidencial actualmente se ofrece una recompensa de S/ 30.000 por cualquier información que permita ubicarlo. Pacheco es investigado a raíz del testimonio de Karelim López y de audios que lo implican en colocar en el aparato estatal a personajes del entorno de Perú Libre.

El Ministerio Público también investiga a Bruno Pacheco por el presunto delito de enriquecimiento ilícito tras hallar $ 20.000 en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno. Sobre el dinero, Pacheco dio una primera versión diciendo que el monto hallado era “producto de sus ahorros y del sueldo que percibía” de S/ 25.000 que ganaba como secretario presidencial.

No obstante, cambió su versión y afirmó que los $ 20.000 serían producto de un supuesto préstamo de su hermana Mercedes Pacheco y el esposo de ella, César Palma, un suboficial que se retiró de la Policía Nacional el 2014.

Bruno Pacheco busca desacreditar a las fiscales que llevan ambas investigaciones. Por un lado, su abogada Giuliana Quiñones solicitará que la fiscal Karla Zecenarro Monge sea apartada del caso Puente Tarata por presunto conflicto de intereses, pues su hermano Juan Carlos Zecenarro Monge fue nombrado como jefe del gabinete de asesores del MEF.

Anteriormente, Pacheco logró que la Oficina Descentrada de Control Interno (ODCI) de Lima abra una investigación disciplinaria contra Luz Taquie Reynoso, quien lo investiga por lavado de activos en el proyecto Tarata III.

Grupo ‘Los Niños’ de Acción Popular

‘Los Niños’ es la denominación de un grupo de Acción Popular conformado por seis parlamentarios alineados con el Gobierno de Pedro Castillo a cambio de millonarios contratos en el MTC, según lo reveló la colaboradora eficaz Karelim López.

Este grupo estaría conformado por los legisladores Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Mori, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Flores, quienes cometerían presuntos actos de corrupción en el MTC.

Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

El último jueves 26 de mayo, los seis congresistas de Acción Popular llegaron al Ministerio Público para entregar en custodia sus pasaportes.

Por otro lado, la Corte Suprema admitió el trámite de las apelaciones a favor de Darwin Espinoza y Raúl Doroteo, investigados por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. La justicia dictaminó que ambos no podían salir del país ante la solicitud de Pablo Sánchez. No obstante, esta medida no aplicó a los otros cuatro correligionarios.