Fiscalía y Poder Judicial buscan potenciar lucha anticorrupción y juicios rápidos
Acción. Nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ofrece firmeza en las investigaciones contra el uso corrupto y abusivo del Poder Judicial. Su presidenta, Elvia Barrios, pone en marcha unidad judicial que permitirá sentencias en 72 horas.
Crearán Equipo Especial para investigar el poder corrupto
Luego de jurar el cargo, la nueva fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, anunció la creación de un Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficoop) ante, dijo, el incremento de la actuación de organizaciones criminales en el Estado.
Explicó que este equipo, además, tendrá como objetivos erradicar problemas de competencia en los subsistemas especializados y aplicar el principio de la unidad de la investigación en casos complejos.
Benavides no dio mayores detalles de este grupo de trabajo, sus atribuciones, quién lo dirigirá y qué casos verá. No lo hizo en el discurso, ni en la conferencia de prensa que dio luego de concluir la ceremonia que se realizó en la sede del Ministerio Público, en Lima.
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Sin embargo, por el énfasis puesto, se entiende que este equipo asumirá la investigación de los presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que involucran al presidente Pedro Castillo y su entorno.
Esta investigación, conocida como caso Sarratea, está a cargo de dos fiscalías provinciales de los subsistemas anticorrupción y lavado de activos.
La fiscal Karla Zecenarro, del subsistema anticorrupción, investiga los delitos de corrupción y organización criminal. En tanto, Luz Taquire ve los delitos de lavado de activos en organización criminal.
Benavides ratificó que su despacho continuará desarrollando la investigación que el saliente fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, inició al presidente Castillo.
Firmeza
La flamante fiscal de la Nación señaló que, al ser una institución independiente, el Ministerio Público no acepta presiones políticas, económicas ni mediáticas al investigar el delito.
Igualmente se pronunció en contra del proyecto de ley que busca criminalizar la filtración reservada en investigaciones penales. Subrayó que ya existe una norma que sanciona cualquier revelación indebida de información reservada.
Patricia Benavides subrayó que los presidentes de Juntas de Fiscales Provinciales y coordinadores informaran a la opinión publica de los casos de interés, respetando el debido proceso y la reserva de las investigaciones.
Ceremonia
Autoridad. Ninguno de los titulares de los poderes del Estado participó en la juramentación de la nueva fiscal de la Nación. Del Legislativo, asistió la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones. Por el Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo. Del Ejecutivo, nadie.
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Implementan unidad para juzgar detenidos en flagrancia
En Trujillo, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, puso en marcha el primer Centro Integrado de Servicio de Administración de Justicia, destinado a juzgar y sentenciar a los delincuentes capturados al momento o instantes después de cometer un delito.
Esta unidad, que congrega a jueces, fiscales, policías y abogados de oficio, permitirá que los detenidos en flagrancia puedan ser juzgados y sentenciados entre 72 horas y un máximo de cinco días.
“Aquí estamos los jueces y juezas para desterrar la percepción ciudadana de inacción frente a la delincuencia porque tenemos el compromiso de contribuir a la gobernabilidad y a la construcción de una sociedad de paz”, indicó.
A la ceremonia de puesta en marcha de esta unidad asistieron el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.
La participación del Ejecutivo fue aprovechada por la doctora Barrios para reclamarle al Gobierno que otorgue una ampliación de presupuesto que permita instalar estas unidades en todas las ciudades del país.
También pidió al Gobierno que atienda el reclamo de aumento salarial a los trabajadores del sistema judicial que reciben una remuneración mensual de 1.100 soles al mes.
El Poder Judicial requiere unos 30 millones de soles para activar una de estas unidades en Lima. En Trujillo la implementación estuvo a cargo de los fondos presupuestales del Poder Judicial.
“La delincuencia es uno de los mayores problemas que enfrentamos y el Estado no puede escatimar ningún esfuerzo para dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Vamos a destinar los recursos que se requiere para enfrentar este problema, en bien de la población”, fue la respuesta del presidente Castillo.
El presidente de la Corte de la Libertad, Giammpol Taboada Pilco, explicó que, una vez que un delincuente sea detenido, la policía lo pondrá a disposición del Ministerio Público en este centro integrado.
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En un plazo de 72 horas, el fiscal realizará las diligencias necesarias y presentará acusación penal y de inmediato el juez de investigación preparatoria definirá su situación y dispondrá el inicio del juicio público. En tres días se podrá estar dictando la sentencia.
Primer caso
Unidad. El Centro Integrado de Servicio de Administración de Justicia (Cisaj) se ubica en el distrito de El Porvenir, Trujillo. El primer caso que se presentó fue por tenencia ilegal de armas contra Alejandro Contreras, detenido en posesión de un arma sin licencia.
