El Gobierno anunció una serie de acciones para enfrentar el desborde de la delincuencia común, como el plan Boluarte y la declaración del estado de emergencia en algunos distritos. Sin embargo, la Policía Nacional, la principal fuerza para combatir a los criminales, sufre de una crisis de transporte que afecta su capacidad de movilidad. Casi la mitad de los vehículos oficiales están inmovilizados, no funcionan ni están aptos para intervenir. ¿Cómo va a enfrentar la Policía a las organizaciones criminales, que son conocidas por contar con vehículos de alta gama?
Según cifras oficiales obtenidas por La República de fuentes de la Policía Nacional, más de 9.000 vehículos que forman parte de la flota vehicular de la institución están totalmente inoperativos. Esta situación es un enorme obstáculo que impide la ejecución de un plan estratégico para neutralizar el incremento de la inseguridad ciudadana que vive el país.
De acuerdo con fuentes de la Dirección de Logística de la PNP, la institución cuenta con 19.750 vehículos, entre patrulleros, autos, camionetas y motocicletas. De ese total, solo 10.500 unidades (53%) están operativas, mientras que otras 9.250 (47%) están en condición de inoperativas.
Ahora bien, de los 9.250 vehículos inoperativos, alrededor de 3.700 son recuperables y 5.650 son irrecuperables. Es decir, más del 50% están obsoleto.
No obstante encontrarse en esta situación lamentable la flota vehicular policial, que daña hondamente su capacidad de acción, desplazamiento y disuasión, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte anunció grandes planes contra la criminalidad. ¿Con una Policía con casi el 50% de sus vehículos que no funcionan?
Las cifras desglosadas son más potentes.
La PNP cuenta con 2.021 patrulleros y autos. De ese total, 1.365 están operativos y 656 inoperativos.
Del lote de vehículos inoperativos, solo 142 son recuperables, mientras que un número de 514 son irrecuperables. Es decir, casi el 80 % es inservible.
Mientras que la flota de camionetas 4X4 asciende a 8.066. De esta cifra, 4.318 unidades están operativas y 3.748 son inoperativas.
De ese lote de camionetas inoperativas, 1.689 son recuperables y 2.059 son irrecuperables.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha dicho qué medidas va a adoptar para solucionar el déficit de unidades móviles que requieren los efectivos policiales para cumplir con sus misiones.
La misma situación se presenta en el caso de los vehículos menores. Actualmente, la Policía Nacional registra en el papel 8.471 motocicletas. Operativas son 4.158 (49%) e inoperativas 4.313 (51%).
De este último, número, 1.604 son recuperables (37%) y 2.709 son vehículos perdidos (63%).
Son cifras terribles; sin embargo, el Poder Ejecutivo, desde que lanzó con bombos y platillos el plan Boluarte, no ha mencionado cómo hará para recuperar el 100% de la operatividad de los vehículos que demandan las operaciones policiales.
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Según las Normas y Procedimientos para la Estandarización de los Vehículos Automotores de la Policía Nacional, se estima que la vida útil de un auto es de 4 a 6 años; de una camioneta de 6 a 8 años; y de una motocicleta es de 4 a 6 años.
La norma también establece que un vehículo con 300.000 de kilometraje de recorrido debe ser reemplazado por otro.
Empero, el personal policial que presta servicios en comisarías y unidades especializadas como la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) despliegan sus operativos con vehículos que sobrepasan los 300.000 kilómetros, de acuerdo con reportes de fuentes de La República en la Policía Nacional.
Incluso vehículos con 600.000 de kilometraje han sido asignados a las comisarías ubicadas en provincias. Es decir, tienen el doble de lo permitido por la norma.
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Para tratar de paliar la carencia de vehículos policiales, el Ministerio del Interior optó por la modalidad del renting, el alquiler de 1.000 unidades destinadas para reforzar la seguridad ciudadana en Lima y Callao. Las fuentes policiales informaron que esta flota, lamentablemente, no es suficiente ante el incremento de la criminalidad.
En 2020, el entonces general PNP, Víctor Lostaunau Fuentes, quien se desempeñaba como jefe de la Dirección de Administración de la PNP, no hizo ningún tipo de gestión para la compra de vehículos, pese a que la institución policial contaba con un millonario presupuesto para la renovación del parque automotor. Prefirió devolver el dinero.
En enero de este año, el general PNP Edgar Horna Moreno, nombrado como jefe de la Dirección de Administración de la PNP, advirtió al Comando de la Policía Nacional la imperiosa necesidad de declarar en emergencia el parque automotor de la institución, debido a que el 50% de sus vehículos se encontraba inoperativo, lo que mermaba la capacidad de acción para la lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
También recomendó la elaboración de proyectos de inversión pública para la adquisición de vehículos con la finalidad de renovar el parque automotor de la PNP.
Sin embargo, en mayo de este año, el general Edgar Horna Moreno fue transferido a la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General. En su reemplazo fue nombrado el general Luis Gamarra Chavarry.
Hace unos días, el comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada, solicitó al Poder Ejecutivo que se declare en emergencia el parque automotor de la Policía Nacional, advirtiendo que el 50% de la flota vehicular se encuentra desgastada; es decir, prácticamente inoperativa.
“La emergencia del parque automotor nos va a permitir una compra de carros más rápida para la Policía Nacional y de esa manera se evitarán procesos largos y concursos públicos”, señaló el general Jorge Angulo a La República.
“La adquisición tiene que ser de Gobierno a Gobierno. Además, los patrulleros deben cumplir con características especiales. No cualquier carro puede ser un patrullero, sino que tiene que estar bien equipado con toda la tecnología necesaria para cumplir con nuestro trabajo eficientemente”, precisó.
Además, los anteriores comandos de la Policía “no se preocuparon por renovar la flota vehicular de la institución y tampoco hubo una decisión política por parte del Gobierno”, afirmó el comandante general de la Policía Nacional.
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