El Congreso aprobó esta semana dos cambios sustanciales en las reglas de juegos para las elecciones regionales y municipales del 2026. El objetivo ha sido básicamente concentrar el poder en las cúpulas o dueños de los partidos para el tráfico y designación a dedo de los candidatos, sin importar el requisito de la afiliación partidaria y sin importar la democracia interna.
Este cambio ha sido incorporado de contrabando por Fernando Rospigliosi, en la Comisión de Constitución. El fujimorista agregó una disposición transitoria en el dictamen sobre las reglas electorales para el sistema bicameral.
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El dictamen fue aprobado el 19 de noviembre en el grupo de Constitución, sin un mínimo debate en lo relacionado al cambio de las reglas para la designación de los candidatos para alcaldes y gobernadores.
Salvo una opaca intervención del legislador Alejandro Cavero, nadie más cuestionó que se abriera las puertas para la designación de postulantes a alcaldes y gobernadores por invitación directa, incluyendo a no afiliados. (Cavero luego votó a favor del dictamen).
La actual Ley de Organizaciones Políticas (28094) obliga a los aspirantes a gobernadores, vicegobernadores y alcaldes a pasar necesariamente por un proceso de elecciones internas.
La norma dejaba abierta la posibilidad de poder incluir a candidatos invitados hasta por un 20% de las listas, incluyendo a no afiliados, pero únicamente para los consejeros y regidores.
La opción de candidatos por invitación no estaba permitida bajo ninguna circunstancia para los aspirantes a alcaldes y gobernadores. Todos tenían que someterse a las internas, para validar el respaldo de la militancia. Pero el Congreso decidió no aplicar esta regla de democracia interna en las elecciones regionales y municipales que tendremos el 2026.
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El texto aprobado precisa que el sistema de candidatos por invitación se aplicará hasta en un 30% de las listas regionales y municipales, pero incluyendo, ahora sí, a postulantes para gobernadores y alcaldes, que podrán ser designados a dedo desde las cúpulas.
El segundo cambio tiene que ver con el requisito de la afiliación. La Ley de Organizaciones Políticas exige un año mínimo de afiliación para poder participar en las elecciones internas para alcaldes o gobernadores.
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De acuerdo con las normas vigentes, el plazo de afiliación para ser candidato a alcalde o gobernador ya había vencido el 7 de octubre. Fue por ello que varios congresistas habían presentado proyectos para extender dicho límite de tiempo.
El pleno del Congreso no aprobó ninguna ampliación. Hizo algo peor: dejó abierta la posibilidad de postulaciones sin límite de personas no afiliadas para los cargos importantes de alcaldes y gobernadores.
En resumidas cuentas, líderes o dueños de partidos como la procesada Keiko Fujimori, el prófugo Vladimir Cerrón o los empresarios César Acuña o Rafael López Aliaga podrán designar a dedo a los candidatos a alcaldes y gobernadores para el 2026, sin importar la afiliación previa al partido y sin tomar en cuenta la democracia interna.
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Los requisitos de la ley 28094 han quedado suspendidas para los comicios del 2026, por decisión de los parlamentarios de turno y esta modificación abre también las puertas para el tráfico económico de candidaturas bajo la mesa.
El pleno del Congreso aprobó estas modificaciones el miércoles 4 de diciembre, con 70 votos. El principal respaldo provino de Fuerza Popular (21 votos) y su satélite Alianza Para el Progreso (12 votos). A ellos se sumaron Renovación Popular y miembros de Acción Popular.
Perú Libre jugó nuevamente a los votos en abstención para intentar marcar distancia del fujimorismo, pero las apariencias engañan. Waldemar Cerrón votó a favor del dictamen en la Comisión de Constitución, lo mismo que su colega de bancada Isaac Mita Alanoca.
Otra bancada de izquierda que apoyó decididamente esta contrarreforma es el Bloque Magisterial (8 votos).
El texto ahora debe pasar por una segunda votación y todo indica que asistiremos a un nuevo retroceso, en lo relacionado al ya deteriorado sistema de partidos en el Perú.