Congreso recién busca regular el vacío que permitió golpe contra la JNJ
Maniobra. La acciopopulista María Alva presentó un proyecto de ley para regular en qué escenario los miembros de la Comisión Permanente pueden votar acusaciones constitucionales en el Pleno. La comisión de Martha Moyano lo pondrá a debate.
El viernes 10 de mayo, a las 10 de la mañana, la congresista no agrupada María del Carmen Alva presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Se trata de una iniciativa que permite a los miembros de la Comisión Permanente votar acusaciones constitucionales en el Pleno.
Como se sabe, de acuerdo a la Constitución, los integrantes de la Comisión Permanente están impedidos de votar en el Pleno. Por eso, sanciones contra altos funcionarios, como la inhabilitación, se logran si cumplen el requisito de obtener dos tercios de votos de 100 legisladores, restando a los 30 miembros de esa comisión.
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Lo que propone la acciopopulista Alva es que, en caso de que los miembros titulares no hayan votado en la Permanente, sino sus suplentes, estos queden habilitados para votar en las denuncias constitucionales en el Pleno.
Horas después de haber presentado esta iniciativa, el Parlamento aprobó una ley para completar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acreditando como magistrados suplentes a los candidatos que perdieron el concurso público de esta institución en 2019. Con esa norma, la coalición parlamentaria busca reemplazar a los juristas Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes se encuentran inhabilitados.
La controversia gira sobre la manera en que Aldo Vásquez e Inés Tello fueron sancionados y por el contexto en que es presentada la iniciativa de Alva.
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Los dos juristas fueron inhabilitados con 67 votos, entre ellos de dos congresistas que son miembros titulares de la Comisión Permanente: José Luna Gálvez, de Podemos Perú, y José Jerí, de Somos Perú.
Tello y Vásquez interpusieron una acción de amparo ante el Poder Judicial para denunciar que esa votación fue irregular. La Constitución señala que los integrantes de la CP no pueden votar en el Pleno. En el Congreso alegaron que sí pueden en caso de que no hayan participado en la decisión de la comisión previamente.
Lo concreto es que, hasta ahora, no existe ningún artículo del reglamento del Legislativo que defienda la postura parlamentaria. Lo único que hay es un acuerdo de Junta de Portavoces del 2018.
Ese año el Parlamento votó la suspensión de los excongresistas fujimoristas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por el caso Mamanivideos. En esa legislatura, los portavoces acordaron que podían votar los miembros de la CP que no hayan votado la acusación en la comisión y declararon esta disposición como vinculante para futuras decisiones.
Ese acuerdo de JP fue usado de argumento por la Oficialía Mayor para intentar refutar la denuncia de Tello y Vásquez y también por Alva para alegar la necesidad de modificar el reglamento.
Seis años después y luego de haber desarmado la JNJ, en el Congreso recién evalúan modificar su reglamento para intentar arreglar ese vacío.
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Congreso admite error
Para el abogado Omar Cairo, la iniciativa de Alva evidencia que el Congreso reconoce su error. “Está admitiendo que las inhabilitaciones de Tello y Vásquez son nulas porque en la votación en el Pleno que las aprobó sí participaron miembros de la Permanente”, manifestó.
Vásquez opinó en la misma línea: “Ese es un reconocimiento explícito de que el acuerdo de la Junta de Portavoces no es suficiente para establecer que voten en el Pleno los que votaron en la Permanente”.
Cairo y Vásquez coinciden en que, así sea aprobada esta modificación al Reglamento del Congreso, no existe efecto retroactivo. Es decir, eso no validará el golpe a la JNJ.
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La propuesta ahora está en manos de la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano.
A la espera
Expectativa. El Poder Judicial aún no resuelve la acción de amparo interpuesta por los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes buscan ser restituidos en la JNJ. Vásquez era instructor en el proceso disciplinario contra la fiscal Patricia Benavides por su tesis no presentada.