Pleno confirma arbitrariedad contra la Junta Nacional de Justicia

El Congreso sometió ayer a votación dos reconsideraciones, en un intento por inhabilitar a dos miembros más de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Si bien en ambos casos no alcanzaron el mínimo de 67 votos, lo que quedó nuevamente en evidencia fue el juego de los legisladores con los votos, para decidir a quién mantienen o no, en función a intereses particulares.

Al menos una veintena de congresistas de Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Avanza País y el llamado Bloque Magisterial mostraron la falta de coherencia en sus decisiones.

Esto debido a que en el pleno del jueves 7 de marzo votaron decididamente a favor de la inhabilitación de Aldo Vásquez. ¿La razón? Este magistrado emitió su voto a favor del acuerdo para que la abogada Inés Tello siga cumpliendo sus funciones en la JNJ luego de haber cumplido los 75 años.

PUEDES VER: Congreso no alcanza los 67 votos para inhabilitar al presidente de la JNJ, Humberto de la Haza

Pero ocurre que esta decisión fue adoptada en forma colegiada. Es decir, todos los miembros de la JNJ votaron a favor de dicho acuerdo, menos Inés Tello, porque la decisión era con respecto a su situación.

Entonces, si el Congreso decidió castigar a Aldo Vásquez por este acuerdo, un mínimo de coherencia debió conllevar a la aprobación de la misma sanción para todos los demás magistrados de la JNJ.

Pero no. Ayer por la tarde, cuando se sometió a votación la reconsideración para un eventual castigo contra Antonio de la Haza o Imelda Tumialán, sencillamente no se alcanzaron los 67 votos. Esto básicamente por el accionar incoherente de los parlamentarios, quienes tampoco dieron explicaciones públicas sobre la incongruencia de sus votos.

PUEDES VER: Congreso aprueba interpelar a ministros de Cultura, del Interior y de Transportes

Los incoherentes

La bancada que mayor incoherencia demostró en este proceso fue Alianza para el Progreso (APP), que lidera el empresario César Acuña Peralta.

Siete legisladores de este grupo votaron a favor de la inhabilitación de Aldo Vásquez, pero evitaron hacer lo propio con Antonio de la Haza.

Otro grupo parlamentario que jugó con los votos en la lógica del acuñismo y la incongruencia fue Acción Popular. Cuatro miembros de este partido apoyaron la salida de Vásquez y ayer mantuvieron en el cargo al presidente de la JNJ.

PUEDES VER: Admiten demanda de amparo contra la reelección de congresistas y la bicameralidad

Avanza País se sumó al juego con tres legisladores y el Bloque Magisterial con dos. En realidad, son al menos 19 los que se prestaron para esta maniobra, si tomamos como muestra la contradicción entre los votos sobre Aldo Vásquez y De la Haza (ver detalles en el cuadro).

El panorama contradictorio es similar en relación a los votos a favor de sancionar a la magistrada Inés Tello. Aunque en este caso se suma al grupo de la votación incoherente la legisladora María Alva Prieto, quien votó por la inhabilitación de Tello, pero ayer marcó en abstención, para no sancionar a De la Haza, a pesar de que el proceso es por los mismos de hechos de fondo.

Represalia política

En resumidas cuentas, lo ocurrido ayer confirma que el Congreso fabricó un proceso de acusación constitucional para deshacerse de dos miembros incómodos de la JNJ: Aldo Vásquez e Inés Tello.

PUEDES VER: Perú Libre no brindará confianza al gabinete de Gustavo Adrianzén: “Seguirá con la represión al pueblo”

Como es público, esta última tenía a su cargo las investigaciones contra Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación afín a la mayoría parlamentaria.

Desde la comunidad internacional, Human Rights Watch (HRW) calificó la decisión del Parlamento como un grave atentado contra la independencia judicial. Por ello exhortaron a la OEA a convocar a una sesión del Consejo Permanente para abordar los continuos ataques al sistema de justicia peruano.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, apuntó que “los congresistas parecen estar tratando de impedir investigaciones” y también buscarían “influir indebidamente en el nombramiento de jueces y fiscales”.