Congreso: acabó legislatura de ataque a las instituciones y contrarreforma

La legislatura terminó ayer. Aunque el Congreso, por ahora, ha fracasado en su intento de remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en estos últimos tres días de sesiones del Pleno, aprobó una ola de contrarreformas que atentan contra las instituciones, partidos políticos, la lucha contra la corrupción y el medio ambiente.

Ayer su última estocada fue la aprobación de una Comisión de Alto Nivel que plantee reformas al sistema interamericano de derechos humanos. El dictamen, promovido por la Comisión de Constitución, de la fujimorista Martha Moyano, contó con 69 votos a favor de Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y sus satélites.

Esta comisión será presidida por el canciller de la República, que en este momento es Javier González-Olaechea, quien hace dos semanas desconoció la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para avalar el indulto al exdictador Alberto Fujimori.

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El trasfondo, como denuncian los congresistas Jaime Quito y Sigrid Bazán, es retirar a nuestro país de la jurisprudencia de la Corte IDH.

El dictamen de Moyano estipula que, en caso de que la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) no aplique las recomendaciones de esta comisión, el Poder Ejecutivo “deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Nuestro país suscribió la convención, también conocida como Pacto de San José. El sistema interamericano tiene dos organismos que velan por la defensa de los derechos de los ciudadanos de los estados miembros: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH.

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La primera ha cuestionado el proceder del régimen de Dina Boluarte en el manejo de las protestas de este año.
La segunda pidió al Estado peruano abstenerse de indultar a Fujimori, pero el Tribunal Constitucional (TC) desacató esa orden.

Aún falta la segunda votación de esta contrarreforma.

En la gestión de Alejandro Soto como presidente de la Mesa Directiva, el fujimorismo y sus aliados consiguieron poner otros temas en agenda.

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Fuerza Popular también presentó ayer una moción para crear una comisión especial que, en 45 días, proponga una reforma de todo el sistema de justicia. El pedido fue rechazado.

El jueves fue aprobado un dictamen de la comisión de Moyano que elimina la obligatoriedad de las elecciones primarias abiertas y simultáneas.

De esta manera, los partidos podrán elegir a sus candidatos a través de asamblea de delegados o elecciones internas solo con sus militantes.

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Esa misma contrarreforma impone de requisito que los movimientos regionales deban presentar una relación de adherentes no menor al 5% de los ciudadanos que sufragaron. Esto equivale a más de 700.000.

Esta norma también elimina las multas pendientes de los partidos políticos.

El Congreso, además, aprobó una ley que establece un plazo de ocho meses para concretar una colaboración eficaz. Este proyecto había sido observado por el Ejecutivo, que planteó un lapso de 36 meses improrrogables.

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Pero el dictamen terminó siendo aprobado por insistencia en el hemiciclo.

Otro retroceso que avaló este Congreso es una modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Este proyecto fue impulsado por la congresista Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental denuncia que esta norma legaliza la deforestación.

Nueva contrarreforma

Así estará conformada la Comisión de Alto Nivel para las “reformas” al sistema interamericano de DD. HH.