Congresistas insisten en criminalizar la difusión de información

El proyecto sobre colaboración eficaz aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso el último miércoles 15 matiza la intención inicial criminalizar la difusión de información de investigaciones de la Fiscalía en estos procesos especiales de delación, pero no elimina el riesgo, según advierten especialistas.

En el texto aprobado esta vez, los congresistas retiraron la mención explícita de sanción a quienes difundan información de colaboraciones eficaces de la Fiscalía, pretensión que generó rechazo por amenazar la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación. Sin embargo, aunque se destaca el deber del fiscal de proteger la reserva, se mantiene la responsabilidad penal en caso de filtraciones. Es decir, sería delito y habría penas se apliquen.

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“El proyecto dice que los fiscales tienen obligación de preservar la reserva de los contenidos del proceso bajo responsabilidades administrativa, civil y penal. Eso deja abierta la posibilidad de que se modifique el Código Penal y se penalice que algún fiscal no sea diligente y se filtre información. Entonces, podría imputarse no solo al fiscal, sino también a un periodista porque podría alegarse que ha instigado al fiscal a que le entregue esa información”, dice el abogado Roberto Pereira, experto en temas de libertad de expresión y asesor del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

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“También se puede plantear la tesis de una complicidad entre el fiscal y el periodista. Es decir, que el fiscal se ha coludido con el periodista o se han puesto de acuerdo para que uno filtre y el otro divulgue la información”, añade el especialista.

De este modo, se abre la posibilidad de que, al establecerse que hay responsabilidad penal, se llegue efectivamente a criminalizar la información, pese a que haya interés público, que sean revelaciones que la ciudadanía tiene derecho a saber.

“Directamente, el proyecto no criminaliza, pero puede pasar esto. No es necesario criminalizar esas conductas porque ya existen sanciones disciplinarias para fiscales que no tengan sigilo necesario para preservar la reserva”, dice Pereira.

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“No es exactamente así, pero es una posibilidad. Con esta Fiscalía pueden ir por allí”, comenta la abogada Cruz Silva, del Instituto de Derecho Legal (IDL), sobre el riesgo en ciernes.

Los gremios de prensa reconocen que se ha matizado la preocupación, pero continúan alertas a los posibles peligros.

“No vemos mención absoluta a la tarea informativa de los medios, pero nos advierten que un fiscal podría intentar acceder a la identidad de una fuente de un periodista. Eso sería inconstitucional porque estamos protegidos por el secreto profesional”, señala Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

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“Puede generar preocupación que se abra la puerta a que se pueda pedir, exigir o impulsar a los periodistas a que revelen fuentes porque, si esta prohibido para los fiscales filtrar información y la prensa lo hace, en un caso penal, se podría pedir eso. De hecho, la Fiscalía ya está haciendo en Lima y regiones”, aduce Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP).

Reacciones

Rodrigo Salazar, director ejecutivo de CPP

“Puede generar preocupación que se abra la puerta a que se pueda pedir, exigir o impulsar a los periodistas a que revelen fuentes (...). De hecho, la Fiscalía ya está haciendo en Lima y regiones”.

Zuliana Lainez, presidenta de la ANP

“Estamos analizando. Nos advierten que un fiscal podría intentar acceder a la identidad de una fuente de un periodista. Sería inconstitucional, estamos protegidos por el secreto profesional”.

Roberto Pereira, abogado

“Se dice que hay responsabilidad penal (...). Esto puede generar que se impute no solo al fiscal sino también a un periodista al alegarse que este ha instigado al fiscal a que le entregue la información”.