Con los accesitarios en la puerta del Palacio Legislativo. El Consejo Directivo del Congreso de la República fijó para el próximo jueves 18 de mayo a las 3.00 p. m. la votación —en el pleno— del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que recomienda acusar y suspender a los congresistas acciopopulistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Todos ellos son señalados como integrantes de Los Niños.
El mecanismo de suspensión que se les aplicaría es diferente a la sanción aplicada por la Comisión de Ética, la cual como máximo puede separarlos por 120 días de sus labores como parlamentarios. En este caso, la SAC plantea una suspensión mientras duren las investigaciones fiscales por el caso Los Niños, lo que en la práctica es un desafuero parlamentario, pues, dada la naturaleza de los procesos judiciales en el Perú —los cuales suelen ser tardados—, difícilmente acabarían antes de julio del 2026.
En tanto, sus accesitarios tendrían que ingresar en reemplazo de los cuatro acciopopulistas. Estos se sumarían a la bancada de Acción Popular, la cual actualmente cuenta con 14 integrantes y tiene como vocero a José Arriola Tueros, acusado de un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores en el Parlamento.
Asimismo, el documento no recoge las acusaciones contra los acciopopulistas Juan Carlos Mori e Ilich López, quienes también son señalados como presuntos integrantes de Los Niños. Este factor podría generar algunos votos en contra cuando el tema se evalúe en el pleno, ya que hay parlamentarios que calificaron —a nivel de la SAC— de “incompleto” el informe presentado por Norma Yarrow.
Tras la aprobación en la Comisión Permanente, con fecha elegida por el Consejo Directivo, durante el pleno del jueves 18 de mayo, se realizarían dos votaciones por cada uno de los cuatro parlamentarios, quienes tendrán el derecho de ejercer su defensa solos o en compañía de sus abogados. La primera votación es por la recomendación para que sean acusados y la segunda por su posible suspensión. En ambas se requiere una mayoría simple, es decir, sería 66 votos.
“El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente”, se lee en el artículo 89 del reglamento del Parlamento.