La mandataria Dina Boluarte publicó el viernes 1 de noviembre, día feriado y en edición extraordinaria del diario El Peruano, un decreto supremo para declarar en modernización y reorganización el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). La medida ha encendido las alertas de exministros y exviceministros de distintos sectores, ante el riesgo de intromisión política en una institución clave para los procesos de evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental.
Según el decreto, la declaratoria en “modernización y reorganización” tiene como objeto evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del Senace, con el fin de proponer las medidas de reforma, dentro de un plazo de noventa días, luego de la instalación de una comisión especial.
Esta comisión estará presidida por el Viceministerio de Gestión Ambiental y tendrá presencia del Senace y otras direcciones del sector Ambiente.
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, salió ayer en TV Perú para defender esta decisión política. Según dijo, la medida busca fortalecer a la institución del Senace.
“Se habla mucho de que se está perdiendo la institucionalidad ambiental, pero toda modernización apunta a mejorar, no a retroceder. Entonces, el Ministerio del Ambiente se ha dado cuenta de que necesitamos mejorar la gestión ambiental en nuestro país”, comentó.
El ministro se refirió a una de las principales funciones del Senace, como es la certificación ambiental, al señalar que “es clave para el desarrollo de las inversiones”. Precisamente, por esta razón, hay quienes advierten riesgos, pues se podrían relajar los estándares en los procesos de evaluación para favorecer a determinados sectores de la inversión privada.
Castro Vargas también habló de “mejorar las capacidades” de los evaluadores del Senace y deslizó que deberían “tener criterios de evaluación mucho más objetivos”. De este modo, deja en evidencia cierta disconformidad por el trabajo técnico que realiza el Senace.
La decisión de la reorganización habría sido tomada directamente por Palacio y el ministro de turno, Juan Carlos Castro Vargas, quien obedece directamente a Dina Boluarte.
Según un documento remitido por la actual presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba Castillo, a la secretaría del Consejo de Ministros, la medida habría sido adoptada sin conocimiento de esta institución. La funcionaria alerta de que la reorganización puede constituirse en una forma de intervencionismo y afectación a la autonomía establecida en la Ley 29968. (Silvia Cuba asumió la conducción de Senace en agosto tras un concurso público).
En un comunicado público, veintiún exministros y exviceministros de los sectores Ambiente, Agricultura y Energía y Minas expresaron su protesta contra esta medida de Palacio.
“Rechazamos el intervencionismo gubernamental a través de la creación de una comisión reorganizadora. Esta medida injustificada atenta contra la autonomía e independencia del Senace, la que, desde su creación, ha demostrado la importancia de mantenerse al margen del interés político. Este intervencionismo deslegitima el modelo de certificación ambiental creado y mejorado por el Senace”, expresan.
Entre los firmantes se encuentran los exministros del sector Ambiente Albina Ruiz, Gabriel Quijandría, Kirla Echegaray, Lucía Ruiz, Modesto Montoya y Manuel Pulgar-Vidal.
Asimismo, los exministros de Energía y Minas Jaime Gálvez y Miguel Incháustegui, junto con el exministro de Agricultura Federico Tenorio.
En diálogo con esta redacción, el exviceministro ambiental Mariano Castro, quien también suscribe el documento, alertó de que la decisión se da en un contexto de ataques de voces empresariales que criticaban al Senace bajo el argumento de la “tramitología”.
El especialista recalcó que el Gobierno de turno “ya adoptó medidas equivocadas en relación con la evaluación de los estudios de impacto ambiental”, como la suspensión de un procedimiento único de certificación que ya estaba en marcha.
l exviceministro Mariano Castro hizo énfasis en el rol de Senace para garantizar la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión y advirtió que su eventual debilitamiento podría dar pie a nuevas situaciones de conflictividad social.