'Tejiendo Ciudadanía': Inseguridad, minería ilegal y migración se analizaron en Trujillo
Valiosas propuestas. El norte acogió segunda edición de ‘Tejiendo Ciudadanía’. Especialistas del sector público y privado debatieron y plantearon soluciones ante la criminalidad organizada, salud, educación, agua potable, migración, entre otros aspectos considerados como los principales retos que enfrenta esta zona del país.
El jueves 22 y viernes 23 de agosto, Trujillo fue escenario de la segunda edición de ‘Tejiendo Ciudadanía: encuentros por el Perú’, iniciativa promovida por la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Grupo La República, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Red Científica Peruana, con el objetivo de fomentar el diálogo y la colaboración entre actores públicos y privados para enfrentar los retos que afectan a la región.
En los dos días que duró el evento, se abordaron los principales retos para el norte. Estos son crimen organizado, economías ilícitas, gestión del riesgo de desastres, acceso al agua potable, migración reciente y calidad de los servicios en salud y educación. El primer día del evento estuvo marcado por
la discusión sobre la inseguridad en el norte peruano, uno de los problemas más preocupantes en la macrorregión. Durante las dos mesas de los importantes debates, los panelistas abordaron la situación de violencia urbana y el creciente poder del crimen organizado en la región.
Minería ilegal
Estuvo presente en una de las mesas el exviceministro Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Minera Poderosa S.A., mina que ha sufrido atentados de organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal en los últimos meses. “En los últimos años, hemos sumado 17 colaboradores asesinados en incursiones de mineros ilegales coludidos con bandas criminales”, precisó. Agregó que “25 de nuestras galerías han sido tomadas por mineros ilegales, lo que no solo afecta nuestras operaciones, sino que pone en peligro vidas humanas”.
Además, De la Flor cuestionó la eficacia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debido a que “el 73% de los 86.000 mineros registrados están suspendidos por no cumplir con los requisitos”. “Aun así operan sin temor a consecuencias legales debido a la extensión de responsabilidad penal que se les ha otorgado”, dijo De la Flor. Desde el Congreso existen proyectos de ley para mantener y extender los beneficios de este programa.
Crimen organizado
La criminalidad organizada —ligada estrechamente a la minería ilegal en esta parte del país— también fue tratado en el primer día del encuentro Tejiendo Ciudadanía. Al respecto, el gerente general de la Confiep, Gabriel Daly, subrayó la necesidad de fortalecer económicamente las capacidades de inteligencia, sino, afirmó, “seguiremos un paso atrás del crimen organizado”. “Los recursos actuales no son suficientes para abordar la magnitud del problema”, acotó. Daly dio a conocer que, solo a inicios a de este año, 13.000 bodegueros fueron víctimas de extorsiones. “Eso es realmente preocupante ya que son micros y pequeñas empresas”, alertó.
En este aspecto, el sector público estuvo representado por el fiscal superior y coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, quien habló de las limitaciones que padecen las unidades de flagrancia. “Fueron concebidas como una solución, pero carecen de recursos básicos. No es suficiente tener un edificio, un juez y un fiscal; se necesitan laboratorios de criminalística para recoger evidencias que permitan presentar casos sólidos ante un juez”, protestó.
En esa línea, Chávez Cotrina reiteró su preocupación por las recientes modificaciones a la Ley de Crimen Organizado. El fiscal superior se refiere a la Ley 32108, que redefine el concepto de organización criminal y agrega presupuestos, como la exigencia de delitos con penas que superen los 6 años de prisión. “Las medidas legislativas actuales han debilitado nuestra lucha contra la corrupción al excluir ciertos delitos del marco del crimen organizado. Esto ha generado que más de 183 casos de investigaciones preliminares sean derivados a fiscalías comunes, diluyendo nuestra capacidad de acción”, expresó el fiscal.
Compromiso por el país
Gustavo Mohme Seminario, director de La República, dio inicio al segundo día de esta edición de ‘Tejiendo Ciudadanía’. Indicó que ‘Tejiendo Ciudadanía’ tiene su origen en un momento en el que se confirmó que el gobierno de Pedro Castillo y el Congreso no resolverían los problemas que aquejan al país. “Llegamos a la conclusión de que no lo harían los partidos políticos, hoy día pobremente representados y que no tienen ningún engranaje con la sociedad. Basta ver las encuestas”, dijo.
También consideró a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre como responsables de la agudización de la crisis política, institucional, social y económica en la que se encuentra el país. “Aspiramos a que las conclusiones (de ‘Tejiendo Ciudadanía’) sirvan de base como un documento que aglutine a todas las fuerzas democráticas del país y les permita enfrentar la situación actual (…) Estamos convencidos de que, con el aporte de toda la ciudadanía, más allá de la clase política, podemos dar alguna respuesta para salir del atolladero en el que estamos”, comentó Mohme Seminario.
Aportes. Director de La República, Gustavo Mohme, espera que reflexiones del encuentro sirvan a las fuerzas democráticas.
Migración como una oportunidad
Martha Silvestre, exsuperintendenta de la Superintendencia Nacional de Migraciones, instó a aceptar la realidad migratoria del país. “La migración llegó para quedarse, no es de pasada. El Estado no tiene la misión de sacar a los migrantes, tiene la misión de integrarlos y sacar esa fuerza para impulsar el desarrollo del país”, dijo.
La experta consideró las políticas migratorias implementadas por el Gobierno como anticuadas. “La explosión migratoria nos obliga a pensar como Estado en nuevas formas de tratar la migración viéndola con ojos positivos de oportunidad de cambios”, apuntó.
Por su parte, la presidenta y fundadora de Veneactiva, Nancy Arellano, precisó que la migración venezolana no es el único reto que enfrenta el país, sino que también se experimenta un retorno de peruanos que emigraron.
En tanto, Carol Vera, coordinadora de la Unidad de Servicios Migratorios y Vulnerabilidad de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Trujillo, habló sobre la evolución de las políticas migratorias en Perú, destacando los avances legislativos recientes. “Con la nueva ley ya no se criminaliza la
migración en sí, solamente se trata de una falta administrativa cuando los extranjeros ingresan sin realizar el control migratorio”, apuntó.
Para Vera, este cambio representa un avance en la protección de los derechos de los migrantes. “El Estado peruano ha otorgado diferentes oportunidades para que ellos se regularicen migratoriamente. Este permiso, inicialmente concedido por dos años en 2020, fue renovado en 2023 por un año adicional, permitiendo a los migrantes acceder a derechos fundamentales y servicios esenciales”, precisó.
Respecto a la situación migratoria en La Libertad, la experta dio a conocer un aumento significativo en la población extranjera. “Antes del 2017, teníamos un aproximado de 5.000 residentes migrantes en la región; hoy, estamos contando con más de 56.000 migrantes regularizados. Este crecimiento ha cambiado la dinámica social y económica de la región, planteando nuevos desafíos que debemos abordar con políticas inclusivas”, manifestó.
‘Tejiendo Ciudadanía’ se inició en el sur
La primera edición de ‘Tejiendo Ciudadanía’ se celebró en Arequipa en mayo de este año. En los dos días del evento se debatió sobre la transparencia, la lucha contra la corrupción, el reforzamiento de los servicios de salud, la diversidad productiva, entre otros temas. Participaron Eduardo Vega, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; Adrián Sarria, periodista de investigación de Estación Wari (Ayacucho); y Óscar Caipo, presidente de Empresarios por la Integridad; Alberto Maurer, director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); Eland Vera, del Colegio de Periodistas de Puno; Lidia Flores, de Anfasep; José Luis Ancalle, de la Oficina de Diálogo y Gobernabilidad del GORE Arequipa, entre otros.
