Relator de la ONU muestra alarma por "el número desproporcionado de muertos y heridos" en las protestas contra el Gobierno
Señala que la represión y la estigmatización impidieron que se aborden las razones de las manifestaciones, entre ellas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.
El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, ha mostrado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado peruano durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Entre las conclusiones del informe elaborado por Nyaletsossi se puede leer: “El Relator Especial está alarmado por el presunto uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas de diciembre de 2022, en relación con el número desproporcionado de muertos y heridos, sobre todo entre las comunidades indígenas y rurales. Dicha respuesta vulnera tanto las normas internacionales como la Constitución del Perú, que salvaguardan esas libertades fundamentales”.
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El informe de Nyaletsossi será evaluado durante el 56 Periodo Anual de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cabe señalar que el relator realizó una visita al Perú entre el 8 al 17 de mayo de 2023 con la finalidad de evaluar la situación de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Se añade que la represión “unida a la estigmatización de los manifestantes” significa una “oportunidad perdida” para que el país aborde las causas de las protestas, entre ellas “las desigualdades, la discriminación, la pobreza, la distribución injusta de la riqueza y los recursos, la degradación ambiental y la falta de participación ciudadana”.
Es interesante, por ejemplo, cuando el informe hace hincapié en que llamar a los manifestantes como “terrucos” o “senderistas” terminó agravando las divisiones, lo mismo que “los comentarios racistas no corregidos de altos funcionarios”. Durante las protestas murieron por lo menos 50 civiles.
Y hubo más de 800 heridos.
El preocupante papel del defensor
Nyaletsossi advierte que el desarrollo de las investigaciones para hallar a los responsables y el compromiso con la justicia “siguen siendo inciertos”. Precisa que a pesar de que ha habido avances en la identificación de las víctimas y el acopio de elemento probatorios, hay demoras e informaciones sobre pérdida de pruebas e impunidad que preocupan.
Un punto importante es el referido a la Defensoría del Pueblo. El relator destaca el papel de esta institución durante las protestas, sobre todo por “la especial atención que prestó a las poblaciones vulnerables” y su apoyo a las familias de las víctimas que “resultaron de transcendental importancia”.
Pero, luego, muestra su preocupación por la “por la poca transparencia y la falta de debate público” que llevó al nombramiento de Josué Gutiérrez como nuevo defensor “y las consiguientes dudas sobre la independencia de la Defensoría y su papel fundamental en la salvaguardia de la democracia”. De hecho, como parte de las recomendaciones al Estado peruano, Nyaletsossi señala la necesidad de “asegurar la independencia” de la Defensoría, habida cuenta de la responsabilidad que tiene en la prevención de las violaciones a los derechos humanos y en el acceso a la justicia.
“Ante los últimos cambios legislativos, que amenazan el derecho a la protesta pacífica y las libertades personales, el Relator Especial observa que la Defensoría del Pueblo ha guardado un silencio alarmante. El ambiguo discurso del actual titular del cargo sobre la protesta pacífica ha sido criticado por alentar presuntamente el uso indiscriminado del estado de emergencia y justificar la intervención policial contra los manifestantes”, dice el informe.
Nyaletsossi también hace notar la ausencia de normas que regulen el procedimiento de dispersión ante las manifestaciones, lo que se deja a la discreción de los policías y sin la obligación de consignar los motivos que justifiquen sus decisiones. “En relación con el registro de armas, municiones, operativos y órdenes judiciales, cabe señalar que los policías peruanos pueden participar en manifestaciones portando armas personales no registradas, cuya presencia en los operativos no se declara”, anota.
Desconfianza generalizada
El relator de la ONU recuerda en su informe que, en los últimos siete años, el Perú ha tenido seis presidentes de los cuales solamente dos (Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo) llegaron al cargo luego de ganar las elecciones. Agrega que se aprecia “una desconfianza generalizada” respecto del Congreso de la República, otras autoridades públicas y los medios de comunicación. “Se considera que tienen por objetivo restringir y concentrar el poder político, de lo que serían ejemplos el supuesto “secuestro” del Tribunal Constitucional, la intervención de los órganos electorales e incluso la supuesta injerencia en el nombramiento del Defensor del Pueblo, lo cual entrañaría graves riesgos para el acceso a la justicia y a la democracia”, señala. En ese sentido, como parte de sus recomendaciones llama a garantizar la independencia de las autoridades electorales, impidiendo que sean instrumentalizadas políticamente.