La presidenta de la República Dina Boluarte solicitó permiso al Congreso de la República para viajar a Estados Unidos por diferentes motivos, entre los cuales se encontraba una supuesta reunión pactada con el mandatario del país norteamericano, Joe Biden. El pedido fue concedido, la jefa de Estado salió del país y se encontró con su homólogo, mas la "reunión bilateral" anunciada nunca se realizó.
Es preciso mencionar que en la agenda de Boluarte sí figuraba el encuentro con Biden, lo cual no sucedía cuando se revisaba la lista de actividades del presidente estadounidense porque el nombre de la peruana no aparecía por ningún lado.
Ante esto, diversos personajes políticos empezaron a pedir información verdadera sobre qué fue lo que se coordinó o en qué instancia se quedó la confirmación de la reunión, tal como lo hizo la congresista Norma Yarrow.
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Dina Boluarte ha viajado en cuatro ocasiones fuera del Perú para cumplir ciertas actividades "en nombre de la Nación" y para "fortalecer relaciones bilaterales". Pero lo cierto es que la mandataria estaría sumado más enemigos que amigos durante las últimas semanas, por lo que surge la pregunta: ¿se podría plantear una vacancia en su contra?
"No existe claridad en la Constitución sobre si hay causal para sancionar a Dina Boluarte por lo que pasó en Estados Unidos. En mi opinión, si bien no existe algo explícito, me queda claro que, por lo menos, existe responsabilidad política constitucional por pedir permiso sobre una agenda que no fue tal. A Dina la protege el artículo 117, por lo que ninguna denuncia constitucional procedería porque está gobernando, a pesar de que se le puede acusar de todo y ser encontrada responsable", explicó el constitucionalista Luciano López a La República.
Por su parte, la abogada Ana María Vidal coincide en que la jefa de Estado habría cometido delitos por mentir al Congreso para obtener un permiso, pero que los viajes no sustentan un motivo suficiente para vacarla, más allá de que estos hayan sido totalmente improductivos.
"Si ha cometido delitos de falsedad ideológica, entregando un documento que no corresponde a la verdad, no creo que en este momento se le pueda encontrar responsabilidad, al menos en este caso específico porque ya ha tenido viajes sin asidero, que fueron absurdos y no sirvieron", dice la letrada.
López precisa que, si bien no se le puede denunciar constitucionalmente a Boluarte porque la protege el artículo 117, sus ministros sí deberían ser interpelados porque también tienen responsabilidad en el fallido encuentro con Joe Biden.
"A quienes sí se le puede hacer algo es a Alberto Otárola y Ana Gervasi porque ellos ven la agenda internacional de la presidenta. Ellos debieron corroborar que Biden nunca pactó una reunión con ella, pero no creo que el Congreso los llame para interpelarlos", manifestó el especialista.
La abogada Vidal ha señalado también que todas las actividades irregulares que está cometiendo la jefa de Estado serán las razones por las que se les procesará cuando deje el poder.
"Desde el principio, estos viajes violan la Constitución porque no debería estar saliendo del país porque no tiene vicepresidente. Además, la norma que ha usado para salir es irregular. Cuando deje el poder, los viajes van a ser la punta del iceberg que le desencadenen problemas serios con la justicia", indicó la jurista.
En la invitación de la Casa Blanca se le invita a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a la cumbre inaugural de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas y no a una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.