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Política

Beatriz Ramírez: “Con la fuerza de los votos en el Congreso, todo se puede aprobar y todo se canjea”

La abogada constitucionalista opina sobre la situación de la Junta Nacional de Justicia y asegura que las preguntas efectuadas por el Congreso a Inés Tello fueron desagradables y nada aceptables.

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Vigilancia. Ramírez hizo un seguimiento al proceso de selección de la JNJ. Todos conocían la edad de la candidata Tello, dice. Foto: Marco Cotrina/La República

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez analiza los argumentos que se ventilan desde el Congreso para justificar la arremetida contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Señala que no está en discusión la atribución de remover a sus miembros, sino si los supuestos que califican como “falta grave”.

-De todos los argumentos que el Congreso ha planteado para justificar el proceso sumario contra los integrantes de la JNJ, ¿cuál le parece razonable?

-Ninguno. Lo único en lo que coincido con quienes lo impulsan es que no está en discusión que el Congreso pueda remover a integrantes de la Junta.

-Lo dice la Constitución.

-Lo que está en discusión es si el supuesto actual configura causa grave. Se supone que cuando activas este procedimiento, a la luz de los dos casos que hemos tenido el 2010 y el 2018 en el Consejo Nacional de la Magistratura, es porque son situaciones evidentes, donde es insostenible que alguien permanezca en el cargo por la abultada evidencia, lo incontrovertible de la inconducta funcional. Lo que hay ahora son disputas sobre si estuvo bien o mal que la JNJ hiciera esto o lo otro. Se puede discrepar, pero no vas a encontrar unanimidad tangible, evidente, de que es indispensable que estas personas se vayan.

-Alguien cínico podría decir que como la causa grave no está especificada, es atribución de quien tiene los votos decidir qué califica como tal.

-¿La fuerza de los votos es lo mejor para definir qué es una causa grave en un Estado democrático? En los estados constitucionales, cuando tienes competencias, no puedes usarlas como te da la gana. En el derecho solo está permitido hacer lo que es razonable y proporcional a la luz del sistema jurídico. En un Congreso con tan poca aprobación, donde la fuerza de los votos aprueba cualquier cosa, hay pocas garantías de un debido procedimiento. Aquí casi casi que tenemos un resultado cantado.

-Quiero analizar algunos argumentos que salen del Congreso, los más repetidos. Uno es la edad de la doctora Tello. ¿Cómo interpreta la norma?

-Con unos colegas hicimos seguimiento al proceso de selección de la Junta, nos vimos todas las entrevistas, incluida la que le hicieron a Inés Tello. Le preguntaron por su edad de una forma poco empática, hay que decirlo. Poco más y le decían que por qué no se iba a cuidar a sus nietecitos. Fue desagradable, sonó discriminatorio. Todos sabían su edad.

-No es que falsificó su DNI.

-Exacto. Es más, se analizó su edad al momento de nombrarla en el cargo por cinco años. Y ella dijo en la entrevista que entendía que el límite de los 75 años era para postular y que, en ese momento, tenía menos. Así la eligieron, no una persona, sino un colegiado, porque sacó uno de los puntajes más altos. Todos sabían que la magistrada iba a cumplir 75 años en el cargo. Lo otro es que la jubilación obligatoria tiene sentido cuando haces una línea de carrera. Acá estamos hablando de una designación por un periodo corto. No es que se van a reelegir. Son cinco años y chau. Podrías decirme que las personas de 75 años tendrían que irse a sus casas, ¿y esa diferencia de criterios es causa grave? ¿Lo vamos a equiparar a recibir coimas para nombrar a jueces y fiscales, a los audios de los “hermanitos”?

-Otro argumento tiene que ver con la supuesta presión que habrían ejercido miembros de la JNJ a favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

-Un pronunciamiento institucional te puede parecer bien o mal. Yo probablemente no lo hubiera sacado, ese es mi criterio. Igual, ¿es causa grave? Un pronunciamiento en el que la Junta le dice al Congreso “me parece que deberías recordar que está en juego la suerte de una fiscal suprema y nosotros tenemos la competencia para revisar los procesos disciplinarios a esas personas, tómalo en cuenta”. Es una exhortación. El Congreso podía hacer caso o no. ¿La Junta tenía alguna posibilidad de tener medios compulsivos frente al Congreso?

-De hecho, terminaron suspendiendo a Ávalos.

-Correcto. ¿El Congreso se vio compelido, aterrorizado, para actuar de cierta manera y no ejercer sus facultades de control político? De ninguna manera. Si escucháramos a alguien de la Junta transando nombramientos a cambio de favores políticos, por ejemplo…

-Ahí no habría dudas.

-Que lo saquen, rapidito.

-Otra cosa que se repite, que ayuda a entender las motivaciones políticas del Congreso, es que la JNJ es una creación de Martín Vizcarra. Sin embargo, el Congreso destituyó a los consejeros del CNM.

-Y quien reguló la ley orgánica de la JNJ es el Congreso. La aprobó el Congreso.

-¿Coincide en que la meta es controlar el nombramiento y ratificación de jueces, fiscales y jefes de entes electorales?

-Sí. La JNJ tiene un gran poder en el sistema de justicia y en parte del sistema electoral. Si esta Junta va a terminar sus funciones en el 2025, ¿entonces cuál es el apuro? Este año debería empezarse el proceso de la comisión especial. ¿Cuál es la circunstancia apremiante que hace que se quiera encontrar, como sea, esta causa grave que al final no parece tanto? Ahora para un sector los “cuellos blancos” no eran tan malos. He leído cada cosa. Insisto, ¿la JNJ está tan podrida para aplicar el mecanismo absolutamente gravoso de la remoción? Porque si no lo que manda en un Estado democrático que sigue estándares internacionales es la interpretación restrictiva, pero parece que el estándar laxo de los votos es el que van a seguir. Y por eso ha habido tanto revuelo nacional e internacional. Existe el temor de que esto no se haga para consolidar a la institucionalidad sino para minarla.

-¿Hay una coalición autoritaria detrás de la captura de las instituciones?

Sí. La forma en que esos 87 votos deciden no es pensando en el bienestar de la población. Por ejemplo, la Sunedu era un avance, pero un a sector interesado, de dueños de universidades cerradas, no les gustaba. Con la fuerza de los votos en el Congreso, todo se puede aprobar y todo se canjea: yo voto con tu bloque en lo de la Sunedu, tú votas con mi bloque para la Junta. Está bien negociar y hacer política, el asunto es para qué : ¿para mejorar el estado de los derechos de la gente o ayudar a tus propios intereses y los de los grupos con los que trabajas?