La Procuraduría General del Estado solicitó el embargo de los bienes inmuebles y muebles que registra el expresidente Pedro Castillo y el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, en el marco de la investigación que les sigue la Fiscalía por los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado tras el golpe del 7 de diciembre del 2022.
El pedido para el embargo de bienes de Castillo fue realizada por el procurador general del Estado, Daniel Soria, al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia que lidera Juan Carlos Checkley Soria.
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En el caso de Pedro Castillo, la procuraduría solicitó dos predios que se ubican en el caserío de Aliso, distrito de Anguía, en Chota, Cajamarca.
Asimismo, otro inmueble rural en el caserío de Chugur. En esa línea, piden también un lote en el distrito de Tacabamba.
Para Aníbal Torres, la Procuraduría requiere un departamento en San Isidro que se encuentra valorizado en US$236.800 y dos estacionamientos en el sótano del mismo inmueble.
Además, una camioneta Jeep Compass valorizada en US$20.000, así como tres apartamentos, junto con dos estacionamientos, localizados en la urbanización Pando, en Cercado de Lima.