La buena relación entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es conocida y pública. A este vínculo forjado —tras la caída de Pedro Castillo el último 7 de diciembre de 2022— se le sumaría un colaborador en común. El abogado Aníbal Quiroga fue presentado, recientemente, como uno de los 10 juristas que asesorarán la gestión de la mandataria en materia constitucional, pero también ejerce como defensor legal de la titular del Ministerio Público frente a la investigación que se le sigue a nivel de la Junta Nacional de Justicia.
A fines de mayo, se conoció que Dina Boluarte tendrá asesoría especializada en materia constitucional con la creación de una comisión consultiva conformada por 10 juristas. Encabezando la lista, se encuentra Aníbal Quiroga León, un letrado con más de 35 años de experiencia profesional especializado en el litigio en general, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, arbitraje y derecho procesal general.
Los otros integrantes son los abogados Ernesto Álvarez (expresidente del TC), Ernesto Blume (expresidente del TC), Jorge Cáceres, Víctor García Toma (expresidente del TC), José Luis Sardón (exmagistrado del TC), Óscar Urviola (expresidente del TC), Elizabeth Zea Manrique, Carlos Hakansson y Alberto Borea (exabogado de PPK).
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La labor de esta comisión consultiva, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Justicia, será brindar asesoría en materia constitucional cuando el Ejecutivo lo requiera, para “contribuir en el fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y el Estado constitucional de derecho en el país”.
Por otro lado, Aníbal Quiroga también asumió la defensa de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, frente a la investigación que se le abrió a nivel de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por las presuntas irregularidades en los cambios en la conformación del equipo especial Cuellos Blancos.
"No hay un caso. La Junta Nacional de Justicia ha hecho una investigación porque tenía que hacerla, porque hay una serie de denuncias, algunas anónimas otras no, que tienen que ver con el quehacer de la Fiscalía de la Nación. No hubo ninguna interferencia, sino algunos cambios administrativos y funcionales, buscando la excelencia en el trabajo de la Fiscalía. Eso no es interferencia. Eso significaría decirle a un fiscal: 'Resuelve de esa manera o no investigues'", declaró —en RPP— a fines de marzo en su calidad de abogado de Patricia Benavides.