
El uso de las fuerzas del orden para fines políticos y la inseguridad e inacción del Gobierno de Dina Boluarte ante este problema pasan factura. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la percepción de la ciudadanía frente a instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas ha sido gravemente afectadas. En el caso de la Policía, un 69% de la población le tiene poca o ninguna confianza; mientras que el 50% de peruanos dice no confiar o confiar mínimamente en las FF. AA.
Respecto a la Policía, apenas el 30% de encuestados tiene consideración a las fuerzas policiales, un 5% confía mucho en la PNP, mientras que el 26% le tiene algo de confianza. En cambio, el 37% de personas confía poco en la PNP, y un 32% no cree para nada en dicha institución.
En el caso de las Fuerzas Armadas, la situación es preocupante, frente a los datos recogidos hace un año, en agosto del 2022. Según el reporte, apenas el 21% de entrevistados confía mucho en las Fuerzas Armadas, y otro 28% les tiene algo de consideración, este último detalle está 10 puntos porcentuales por debajo de lo registrado hace un año. Mientras que entre quienes desconfían, apenas 29% de peruanos han revelado tener una paupérrima atencion para con las instituciones militares, y el 21% no les tiene confianza en absoluto.
Este último dato es, sin duda, de los más preocupantes, pues en agosto del año pasado solo el 9% de ciudadanos tenía una confianza nula ante las FF. AA. Ahora, esta cifra ha subido 11 puntos porcentuales en menos de un año.
En el campo de la búsqueda de justicia y responsables por los 49 muertos durante la gestión de Dina Boluarte, las encuestas están equilibradas. Del total de encuestados, un 47% opina que sí se realizarán investigaciones para dar con los culpables de los muertos; pero otro 47% considera que no será así.
Desde el Gobierno la postura es contradictoria, pues en un inicio Boluarte excusaba el actuar de las fuerzas del orden señalando que los manifestantes eran agresivos; pero ahora de que organismos internacionales como la OEA, la CIDH y otras ONG se han manifestado; ha intentado delegar toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y la PNP, usando la excusa de la "individualización de responsabilidades".





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