Julia Príncipe, por su parte, expresó su extrañeza por no haber incluido a la Procuraduría en acuerdo que se llegó con la constructora brasileña., La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado formalmente al Ministerio Público acceder al acuerdo que se llegó con Odebrecht, en el marco de la investigación de los sobornos que hicieron empresas brasileñas a funcionarios peruanos para adjudicarse obras. PUEDES VER: Nuevo partido de Verónika Mendoza inició colecta de firmas en regiones del Sur La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, y el procurador Amado Enco informaron, además, que detalles del proceso que seguirán para recabar información que les permita cautelar los intereses del Estado. Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación informó que llegó a un acuerdo de colaboración con Odebrecht para suministrar con documentos que aporten a las pesquisas que desarrollan. También se anunció que la constructora brasileña accedió a dar como adelanto de las ganancias ilícitas que obtuvieron, S/ 30 millones. Este trato, sin embargo, fue cuestionado por Príncipe Trujillo. La abogada cuestionó que no se haya incluido en este nivel de comunicación a la Procuraduría. En esta línea señaló que habrá que preguntarles a los señores fiscales, por qué no se nos ha dado detalles, no se nos está brindando información”. “Lo único que se dice es que esos acuerdos tienen el carácter de reservado o confidencial. (…) No sabemos cuáles son las condiciones, se dice que es un adelanto del pago por las apropiaciones indebidas, todo es especulación”, acotó. La titular del consejo de defensa adelantó que han pedido que en las próximas reuniones se los convoque para medir el grado de colaboración de Odebrecht con el Estado peruano. Aclaró que su despacho persigue los daños ocasionados y la reparación civil. Por su parte, el procurador Enco Tirado fue más directo y apuntó que “la procuraduría está dispuesta a escuchar a los directivos de la empresa, pero debe saber también que los perjuicios generados al Estado superan largamente cualquier monto que por concepto de ganancias ilícitas se haya comprometido a devolver al Ministerio Público”.