En abril, la Procuraduría pidió recusar a los 3 magistrados por haber sido escogidos en forma inusualmente rápida, a dedo y sin el sorteo que establecen los reglamentos, pero una Sala Penal ha rechazado el pedido. Un juez en minoría consideró pertinente evaluarlo por falta de imparcialidad.Discutido.,Miguel Gutiérrez R. El 23 de abril pasado la procuradora antidrogas Sonia Medina decidió presentar formalmente una recusación contra los magistrados que integran el colegiado D de la Sala Penal Nacional, a fin de que no intervengan en la revisión del dictamen de la fiscal superior María Maguiña, quien se había pronunciado a favor del archivamiento definitivo del caso seguido contra la familia Sánchez Paredes, procesada por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los magistrados habían sido elegidos para determinar finalmente si el megajuicio contra el grupo familiar, que se había alargado por casi cuatro años, debía ser archivado tal como lo pidió la fiscal Maguiña en su informe, que fue duramente cuestionado por su celeridad para leer miles de folios en menos de dos días. DUDAS Y MÁS DUDAS Para evitar más suspicacias respecto a la forma cómo se maneja el caso, y atendiendo la revelación de un medio periodístico, la procuradora cuestionó en su escrito la forma en que fueron designados los jueces superiores Miguel Tapia, Nancy Sánchez y Marco Cerna. A la procuradora le llamó la atención que su designación se hiciera con sospechosa premura, y que la misma no haya sido por sorteo. En segundo lugar, la procuradora indicó que más llamativo era el hecho de que los magistrados mismos, cuando convocaron rápidamente a ver la vista de la causa (de los Sánchez Paredes), señalaronque habían sido elegidos por sorteo y no a dedo como se sabría después. En un tercer punto, la procuradora cuestionó la parcialidad del juez superior Tapia Cabañín, puesto que este había resuelto más de una decena de incidencias referidas al caso Sánchez Paredes. Un último cuestionamiento fue el caso de la jueza superior Nancy Sánchez Hidalgo, quien habría sido suspendida en el 2005 por liberar a un procesado por el delito de tráfi co ilícitode drogas. RECUSACIÓN NO PROCEDE Las razones que llevaron a la Procuraduría Antidrogas a pedir la separación de los jueces superiores del caso de lavado más importante de los últimos años fueron puestas a consideración por otra sala de la Corte Superior. La Sala F, integrada por el juez ponente Víctor Valladolid Zeta, y los magistrados Norma Carbajal Chávez y Juan Aranda Giraldo, revisó el caso y recibió los argumentos de defensa de sus colegas. En el informe oral, el juez Marco Cerna, recusado por la procuradora, advertía que laceleridad con la que había actuado no era otra cosa que "un sentido diligente del cumplimiento de la responsabilidad funcional". La otra jueza también cuestionada, Nancy Sánchez, indicó por su parte que los procesos disciplinarios que le atribuyen"corresponden a otras circunstancias y nada tienen que ver con el proceso penal que motiva la recusación, por lo que considera que la misma debe ser rechazada". Luego de casi dos meses de evaluar el pedido respectivo, lo que también ha dilatado el proceso judicial contra la familia, la Sala F declaró infundada por mayoría la solicitud de recusación de la Procuraduría contra la Sala. Solo el juez Juan Aranda Giraldo dio su voto singular manifestando que debería declararse fundado el pedido de la doctora Sonia Medina. En otras palabras, considera que hay fundamentos para que se dude de la imparcialidad de los jueces en el caso. Pese a ello, el futuro del caso Sánchez Paredes seguirá dependiendo de esta Sala D, que deberá decidir si archiva la investigación contra el grupo familiar. FAMILIA ESPERA QUE LA SALA ARCHIVE PROCESO La procuradora Sonia Medina ha pedido a la Corte Suprema la nulidad de la decisión, que declara no procedente su pedido de separar a los magistrados por falta de imparcialidad. La investigación preliminar por supuesto lavado de activos, contra 80 personas y 120 empresas del grupo familiar de los Sánchez Paredes, fue abierta en enero del 2008.f Luego de varios recursos de hábeas corpus interpuestos por la familia, y consideraciones ante el Tribunal Constitucional, algunos miembros de la familia lograron ser separados del proceso. Orlando, Amanda y Manuel Sánchez Paredes, los Sánchez Alayo y Belisario Estévez esperan que Sala archive el proceso en su contra.
