Jefes militares rechazan proyectos de ley ante el Ejecutivo, DEFENSA. Se elaboraron “sin conocimiento u opinión de instituciones armadas” , dicen en carta a MINDEF . Según los Altos Mandos , las reformas del gobierno han sido diseñadas por personas que no conocen la realidad militar y demandan instalar una comisión de trabajo con participación de los militares. Ver infografía sobre el pronunciamiento de los Altos Mandos. Ángel Páez. En un inusual pronunciamiento suscrito por las máximas autoridades castrenses dirigido al Ejecutivo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea expresaron su consternación y desacuerdo con los proyectos de reforma de las remuneraciones y el sistema previsional para el personal y los pensionistas de los institutos militares que ha presentado el gobierno al Congreso de la República. En una carta fechada el 4 de julio al ministro de Defensa, Jaime Thorne León ||_ los jefes militares manifiestan su protesta porque las iniciativas legales del Ejecutivo, que tienen como fecha 30 de junio, “han sido formuladas sin participación, conocimiento u opinión de las instituciones armadas”. Los firmantes son el jefe del CCFFAA, general EP Luis Howell, y los comandantes general del Ejército, general EP Paul Da Silva; de la Marina, almirante Jorge de la Puente; y de la FAP, general del aire Carlos Samamé. Como ha informado La República en días recientes, los proyectos de ley, que entre otras reformas plantean la eliminación de la Cédula Viva –que les permite a los militares y policías pasar al retiro y cobrar una pensión con un motor similar al sueldo que recibía–, la uniformización de los sueldos y la desaparición de la Caja de Pensiones Militar y Policial , generaron en los Altos Mandos de los institutos militares un clima de decepción, amargura y honda molestia. Las fuentes castrenses consultadas cuestionaron particularmente que los proyectos de ley del Ejecutivo se redactaron sin que a los jefes militares se les pidiera informes de sus especialistas y técnicos sobre la situación del personal en cada instituto. Los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas se enteraron del propósito de los proyectos cuando ingresaron al portal del Congreso, donde se encuentran los documentos. No toquen a la familia “Analizando el contenido de ambos proyectos y sus previsibles efectos, es menester hacerle conocer el parecer de los suscritos (…), en representación de nuestras Instituciones Armadas, queremos expresarle nuestra profunda preocupación y disconformidad”, señalan los jefes militar en la misiva a Thorne. En el escrito, los Altos Mandos resaltan que las iniciativas no cuentan con estudios técnicos que sustenten las reformas, en referencia a la contratación de la compañía colombiana Asesorías Actuariales Limitada, por el Ministerio de Defensa. El Ejecutivo elevó los proyectos al Legislativo, sin esperar los informes de la compañía, a la que se abonó 775 mil soles por dicho trabajo, lo que motivó que la jefa del gabinete de asesores del ministro Thorne, Graciela Ortiz Origgi , anunciara su dimisión al principio de esta semana. El gobierno propone aumentar los sueldos de los militares y policías en cinco armadas, pero no precisa en qué tiempo y aclara que incrementos se harán solo si hay dinero disponible en la caja fiscal. Pero lo que más afecta a los Altos Mandos, según se desprende de la carta a Thorne, es que las reformas afectarían a las familias militares. “El proyecto de Ley de Pensiones elimina beneficios fundamentales, como la pensión nivelable (Cédula Viva), reduce a 50% la pensión de las viudas, anula pensión según grado inmediato superior cuando se pasa a la situación de retiro por causal de renovación, entre otros”, indican en el pronunciamiento. A partir de estos cuestionamientos, los altos jefes castrenses concluyen que el contenido de los proyectos leyes “es desmotivador para el personal militar”. Los Altos Mandos demandan a Thorne para que por su intermedio el gobierno de Alan García deje sin efecto los proyectos y constituir una comisión de trabajo con la participación de los institutos castrenses.