Patricia Benavides solicita a Corte Suprema aplicar ley de amnistía a exjefe militar por violaciones de DD.HH.

La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, encabezada por la fiscal Patricia Benavides Vargas, emitió un dictamen en el que solicita a la Corte Suprema la aplicación de la ley de amnistía a favor de Luis Edgardo Paz Cárdenas, coronel en situación de retiro, que enfrenta cargos por delitos de desaparición forzada y homicidio calificado en el caso de las víctimas Rodolfo Ángel Escobar Jurado y Falconieri Zaravia Castillo.

La fiscal fundamenta su petición en la Ley N.º 32419, publicada en agosto de 2025, la cual concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

El documento sostiene que, debido a que el caso de Paz Cárdenas se enmarca en ese periodo, la norma “resulta aplicable”.

Pero la justificación de Benavides no queda ahí, el documento precisa además que, pese a la existencia de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra la citada ley y a los cuestionamientos sobre el tema en el Tribunal Constitucional, la norma "forma parte del ordenamiento jurídico" y se encuentra vigente.

Por tales consideraciones, Patricia Benavides Vargas sostiene que la Corte Suprema debe declarar "fundada la excepción de amnistía".

En entrevista con la República, el abogado de IDL Carlos Rivera, señaló que existe una "omisión de carácter constitucional" por parte de la fiscal, ya que, de acuerdo con la Cuarta Disposición Transitoria de la Constitución, todo operador de justicia está obligado a ejercer el "control de convencionalidad" y aplicar los estándares de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sin embargo, para Benavides esta obligación internacional parece secundaria. El especialista calificó el dictamen como "absolutamente deficiente" y advirtió que la fiscal apenas utiliza dos páginas para sustentar su posición, consciente de que no encontrará un verdadero sustento que legitime para su pedido.

"[Patricia Benavides] decide simplemente poner un argumento estrictamente formalista sobre un tema que está repudiado en el derecho internacional, que es la aplicación de la ley de amnistía".

Además, Rivera cuestionó la gravedad del dictamen y advierte que el pedido de la fiscal marca un antes y un después en la historia del Ministerio Público, al convertir a la institución en un actor que, lejos de perseguir el delito, facilita la impunidad.

"Patricia Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente de ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado, colocándose en una zona de repudio, pues nunca antes un fiscal había pedido algo así", sostuvo el experto.

Para el abogado, este dictamen trasciende lo legal y apunta a un trasfondo político. "No se trata solo de ignorancia en el interés internacional, creo que es un acomodamiento, una suerte de oportunismo político para caer bien a quienes vienen a gobernar”.

Además, agregó que la fiscal estaría intentando generar un espacio de encuentro con la política, alineándose con una agenda que ataca al sistema de justicia.

El experto también alertó sobre el impacto para los familiares de las víctimas ante una posible aprobación en la Corte Suprema. "Si la Suprema acepta, esta ley promulgada por el Congreso —que es una norma pro-crimen— será la fuerza abierta hacia la impunidad. Lo que hace este dictamen es abrir las puertas de las cárceles a gente que debería estar pagando su responsabilidad penal".