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Política

Crece la deforestación en Perú: más de 3.2 millones hectáreas de bosques se perdieron desde el 2001

La deforestación persistente y cada vez más compleja es impulsada por la tala ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola, la minería, los incendios forestales y cambios no planificados de uso del suelo. Pese a todo ello, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas electorales.

Bosques son depredados en nuestra Amazonía. Fotos Aidesep
Bosques son depredados en nuestra Amazonía. Fotos Aidesep

El pico de deforestación en Perú ocurrió entre 2011 y 2024, cuando la pérdida anual de cobertura arbórea fluctuó entre 125,3 y 303,2 mil hectáreas. La pérdida de bosques primarios aumentó de 28.696 hectáreas en 2001 a 189.005 hectáreas en 2024, y los bosques húmedos amazónicos registraron valores máximos de hasta 203.269 hectáreas en 2020.

Sin embargo, la pérdida total acumulada de bosque húmedo amazónico entre 2001 y 2024 alcanzó 3,2 millones de hectáreas, concentrándose principalmente en Ucayali, Madre de Dios y Loreto, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente.

Estos indicadores, según Geobosques, reflejan un proceso de deforestación persistente y cada vez más complejo, impulsado por la tala ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal, los incendios forestales y cambios no planificados de uso del suelo.

Diversas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, advierten la necesidad imperante de que el Estado peruano refuerce las labores de lucha contra las distintas actividades criminales que amenazan nuestros bosques, como la deforestación y la minería ilegal, así como los incendios forestales.

Pese a todo ello, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas electorales.

Según Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “la protección del medio ambiente está íntimamente vinculada a derechos fundamentales como el derecho a la salud, la alimentación y el acceso al agua segura”.

No obstante, advierte que estos temas han sido desplazados por discursos que muestran tolerancia hacia la minería ilegal, incluso desde espacios de alto nivel empresarial y político.

La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 refuerza esta preocupación, pues especialistas sostienen que esta medida prolonga la informalidad y facilita la continuidad de actividades ilegales con alto impacto ambiental. 

Perú se encuentra en el décimo lugar en el ranking de países con mayor densidad forestal, con más de 670 mil kilómetros cuadrados que constituyen casi la mitad de nuestro territorio.

44 PUEBLOS INDÍGENAS

Además, constituye el territorio ancestral de 44 pueblos indígenas, cuya identidad cultural, medios de vida, ecosistemas y derechos colectivos dependen directamente de la integridad de los bosques.

Sin embargo, a pesar de la gran importancia de nuestra Amazonía, la Defensoría del Pueblo advierte que la pérdida de bosques continúa siendo una problemática estructural.

PUEDES VER: Mujeres que protegen la Amazonía pese a las amenazas

La minería ilegal y la minería informal continúan generando impactos severos sobre los bosques, los recursos naturales y la salud de la población, a lo que se suma el limitado accionar de las direcciones regionales de energía y minas, tal como fue advertido en 2025 a través del Informe Defensorial 234, denominado 'Supervisión de las funciones de las DREM y GREM en la gestión de la MAPE: Diagnóstico, desafíos y propuestas para una nueva normativa'.

A MERCED DE LAS AMENAZAS

Julio Cusurichi, líder shipibo de Madre de Dios y dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que representa a más de 2.400 comunidades indígenas en el Perú, indicó que las comunidades y defensores ambientales viven a merced de las amenazas del narcotráfico y la tala ilegal.

Sostiene que aún no ha habido avances en temas de seguridad por parte de las autoridades para las comunidades de la Amazonía, que defienden más de 18 millones de hectáreas de bosques.

Cusurichi detalló que las comunidades han logrado organizarse hasta conformar guardias indígenas, vigilantes, veedores forestales y agentes de protección, pero afirmó que estas requieren mayor presupuesto para recorrer su territorio.

VIGILANCIA EN 8 ÁREAS NATURALES

Frente a toda esta problemática, personal de ocho áreas naturales protegidas recibe entrenamiento especializado para mejorar las acciones de vigilancia y control frente a una de las principales amenazas para los bosques amazónicos.

 Así, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) fortalecen las capacidades técnicas de los guardaparques encargados de custodiar las áreas naturales protegidas del Bioma Amazónico.

Durante mayo y junio, guardaparques de los parques nacionales Otishi, Yanachaga-Chemillén, Alto Purús y Sierra del Divisor; del Bosque de Protección Pui Pui; y de las reservas comunales Yanesha, El Sira y Purús participan en talleres teórico-prácticos orientados a fortalecer las acciones de vigilancia y control frente a la deforestación y la tala ilegal.

Estas acciones buscan fortalecer las capacidades operativas del personal del Sernanp que realiza labores de vigilancia y control en el territorio, promoviendo, además, la articulación con las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) y oficinas desconcentradas en el ámbito amazónico.

Como parte de estas jornadas, los participantes reciben capacitación especializada en el cálculo del volumen de madera rolliza y aserrada, así como en la identificación de evidencias vinculadas a actividades de tala ilegal, como tocones y árboles aprovechados ilícitamente, información fundamental para las labores de vigilancia y control en campo.

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