Comisión de Constitución aprueba nueva ley de impunidad para prescribir crímenes de lesa humanidad y casos de violación de DD.HH

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó con 16 votos a favor el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La iniciativa, que promueve el congresista Fernando Rospigliosi y que reforma el artículo 324-A del Código Penal, busca blindar a los investigados por crímenes de lesa humanidad; así como a las personas involucradas en violaciones de derechos humanos.

De esta manera, el delito de lesa humanidad se tipificara en los ciudadanos que realicen un ataque generalizado contra una población civil por temas de origen, raza, religión, cultura; así como a un “grupo humano que no es parte de un combate interno o externo”.

Dicho delito también recaerá en la persona que realice un ataque planificado contra una política de gobierno o una colusión con un grupo armado para cometer referidos atentados.

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Al respecto, Julissa Mantilla, excomisionada Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló a este medio que la definición de lesa humanidad que promueve el Congreso no va de acuerdo a lo establecido por el Estatuto de Roma.

Según dijo, esta ley deja la puerta abierta para que los miembros de las fuerzas armadas, policía nacional y MRTA no puedan ser condenados por dichos crímenes.

“Cuando el proyecto dice que el ataque será con la población civil que no sea parte de un combate externo o interno. Esta parte busca excluir a todas las personas que están involucradas en violaciones de derechos humanos durante un conflicto armado interno”, sostuvo.

Mantilla indicó que Víctor Polay y el propio Quispe Palomino “camarada José” fueron sentenciados por crímenes de lesa humanidad, por lo que las condenas no solo recaen en integrantes de la policía y fuerzas armadas como lo expuso el congresista Rospigliosi durante el debate.

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Añadió, además, que el Estatuto de Roma no habla de una determinada población civil porque eso podría ser excluyente (beneficiosa para investigados).

“Este proyecto de ley tiene una serie de requisitos que no están contemplados en el Estatuto de Roma. Incluso en las discusiones previas se quitó ese elemento porque implicaba establecer diferenciaciones que podían llevar a confusión y ser muy ambiguo”, apuntó.

Carlos Rivera, representante de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, expuso que el fujimorismo pretende introducir esta nueva ley, porque las anteriores —la de prescripción y la de amnistía— simplemente no se han aplicado.

“Los jueces decidieron inaplicar la ley de prescripción justamente por considerarla una norma contraria al derecho internacional y, en aplicación del control de convencionalidad, optaron por no aplicarla. El fujimorismo se encuentra ahora ante una situación en la que hizo una oferta a sus aliados, los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, prometiéndoles que los iba a liberar”, manifestó.

Rivera mencionó que la nueva ley incorpora reglas probatorias que vulnera el Código Penal cuando refiere que los delitos van a ser cometidos a través de directivas, planes de operaciones y órdenes. Sostuvo que la razón de esta modificatoria tiene como objetivo interferir en la autonomía de los jueces.

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"Eso es prueba y es incorrecto establecer en un tipo penal. Tú lees el Código Penal y en ninguna norma penal existen reglas de prueba porque las reglas de prueba son las que se tienen que desarrollar en una actividad de investigación o una actividad judicial. La razón por la cual se incorporan estas reglas de prueba es que es una violación de la autonomía jurisdiccional que tienen los magistrados".

Durante el debate, casi nadie se opuso a la ley fujimorista, solo la congresista Ruth Luque alzó su voz de protesta y especificó que la propuesta busca evitar que los jueces generen la posibilidad de aplicar el control de convencionalidad.

Opiniones sobre el proyecto

Sobre la nueva ley de lesa humanidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recomendó que se debe suprimir la mención expresa a temas de raza, origen, religión porque no está señalado así en el Estatuto de Roma. Advirtió que los delitos de lesa humanidad sean desarrollados en una ley especial.

El Ministerio de Defensa informó que la norma debe ser coherente con los tratados internacionales. Expresó que una norma penal adecuada y coherente permitirá la paz social.

La Procuraduría General del Estado consideró los requisitos de la ley debería ir en línea de la jurisprudencial del la Corte Penal Internacional para definir los elementos constitutivos del delito.

La Defensoría del Pueblo dijo que la norma está incluyendo requisitos adicionales no señalados en el Estatuto de Roma.

“Debe incluirse un enfoque de derechos humanos para tomar en cuenta el impacto diferenciado en poblaciones especialmente vulnerables e históricamente postergada”, indicó.