
Una vez más se sienten burlados por las instituciones del Estado. Los miembros de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 mostraron su rechazo absoluto y frontal ante la reciente designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación permanente.
“Esta decisión es una cachetada al pueblo, es una burla contra quienes seguimos exigiendo verdad y justicia. No estamos ante un simple nombramiento, estamos ante un nuevo paso en el copamiento mafioso de las instituciones del país, ejecutado para garantizar impunidad para los responsables políticos de las masacres, los corruptos y los que hoy han convertido el Estado en botín”, expresaron los deudos de los 50 fallecidos de las protestas de diciembre del 2022 y marzo del 2023.
Desde Puno, Ayacucho, Apurímac, Junín, Arequipa, Cusco, Lima y La Libertad, donde se reportaron las 50 muertes por la violenta represión del Gobierno de Dina Boluarte, los familiares de los fallecidos denunciaron que el nombramiento de Gálvez está enmarcado en los intereses del pacto mafioso enquistado en el Congreso. “Este mismo se encuentra integrado por Podemos Perú, Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Avanza País”, indicaron.
Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, declaró a La República que la Fiscalía no puede quedar en manos de alguien que vela por los intereses de los mismos congresistas que archivaron sus denuncias constitucionales. “Es parte de ese pacto mafioso que lo salvó pese a los vínculos con ‘Los Cuellos Blancos’ y su designación profundiza la desconfianza, la indignación y el descrédito institucional”, afirmó.
El dirigente recordó que, en estos 6 meses de su gestión interina como fiscal de la Nación, Tomás Gálvez desactivó 4 equipos especiales del Ministerio Público que investigaban casos importantes, como Lava Jato, Cuellos Blancos, la Corrupción en el Poder y las Matanzas durante las Protestas Sociales. “Nos preocupa que tome acciones nefastas y que nos deje sin encontrar justicia”, señaló.
Debido a que Gálvez “no cuenta con legitimidad política, ética e institucional”, los integrantes de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 exigieron la nulidad o revisión inmediata de esta designación. “La Fiscalía debe ser conducida por una persona verdaderamente independiente, íntegra y comprometida con la justicia. Debe cesar el copamiento mafioso de las instituciones del Estado”, precisaron.
Pero, ¿tomarán acciones teniendo que la juramentación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación se realizará este viernes 27 de marzo? Samillán respondió a La República que este miércoles se reunirá con los demás deudos de Puno para evaluar posibles medidas para hacer escuchar su voz de protesta.
“Aquí estamos los familiares, las madres que no dejan de llorar, los padres que no dejan de luchar, los hermanos y las hermanas que cargan la ausencia como una herida abierta. No vamos a permitir que conviertan la Fiscalía en su madriguera de impunidad”, manifestaron mediante un pronunciamiento conjunto.
Además de Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) mostró su preocupación ante la designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029.
“Las candidaturas recayeron en fiscales supremos con cuestionamientos e investigaciones, incluyendo al propio Gálvez, lo que es una situación preocupante e inédita en la historia del Ministerio Público”, aseveró.





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