Procuradora general del Estado reincide en negar información: ya había sido condenada antes por omisión

María Caruajulca, procuradora general del Estado, sentenciada por omitir entregar datos públicos, reincidió en el delito porque fue condenada el último 26 de enero. Documentos internos de la Procuraduría General del Estado (PGE) obtenidos por La República revelan que en febrero ocultó si denunció al entonces presidente José Jerí por los casos "Chifagate" y "Las Visitadoras de Palacio", y además negó información sobre los procesos penales que enfrenta.

Esta negativa a cumplir sus obligaciones no se trata de un tema aislado. Como mencionamos, la titular de la Procuraduría fue sentenciada por el Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte por los delitos de omisión y rehusamiento de actos funcionales, hechos cometidos cuando trabajaba en la Municipalidad de Comas. La jueza Carolina Huamaní Reyes concluyó que Caruajulca ordenó negar solicitudes de información pública, conducta que calificó como dolosa.

La Fiscalía solicitó ocho meses de prisión, pero el juzgado impuso una condena suspendida al no registrar antecedentes. La sentencia estableció reglas de conducta como no cambiar de domicilio ni de número telefónico sin autorización judicial y firmar mensualmente en el juzgado. Ese beneficio tenía una condición implícita: no volver a cometer el mismo delito. Sin embargo, volvió a ocurrir.

Dos documentos internos de la Procuraduría General del Estado muestran que Caruajulca repitió la conducta por la que fue condenada, pero esta vez desde el cargo más alto de la defensa jurídica del Estado.

El primer documento está fechado el 16 de febrero del 2026. El ciudadano Emerson Edwards Chuquipoma Castro solicitó saber si la procuradora general había denunciado al entonces presidente Jerí por los escándalos conocidos como “Chifagate” y “Visitadoras a Palacio”. La respuesta de la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal fue negativa. El argumento que dieron fue que la información es “reservada” porque se encuentra en investigación preliminar.

Sin embargo, la solicitud no pedía el contenido de ninguna investigación, sino un dato concreto: si la procuradora había presentado o no una denuncia. La ley establece que el procurador general debe denunciar al presidente de la República cuando corresponda. Caruajulca optó por no informar si cumplió con esa obligación. El momento no era menor: El 17 de febrero, un día después de presentada la solicitud, el Congreso destituyó a José Jerí por los mismos casos.

El segundo documento, fechado el 25 de febrero de este año, plantea un escenario aún más delicado. El mismo ciudadano solicitó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción la lista de los procesos en los que la propia Caruajulca figura como investigada o procesada. La intención era conocer en cuántos casos de corrupción la procuradora es investigada mientras el propio Estado, al que representa, figura como parte agraviada.

La respuesta, firmada por el procurador público encargado Mario Luna Ramos, fue nuevamente negativa. El argumento usado fue la protección de datos personales y la presunción de inocencia.

Lo que no menciona el memorando es que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio cuando se trata de información vinculada a su función. En este caso, conocer si la máxima autoridad encargada de defender judicialmente al Estado enfrenta investigaciones por corrupción constituye información de interés público.

No es la primera vez que ocurre. En 2025, el programa Punto Final reveló que la Procuraduría General del Estado, ya bajo la gestión de Caruajulca, negó en dos oportunidades entregar el número de denuncias presentadas contra altos funcionarios. La conducta es la misma por la que fue condenada en enero y, con los documentos de febrero, queda en evidencia que continuó incluso después de la sentencia judicial.

A esto se suma una nueva denuncia. El 6 de febrero, el abogado Geisel Grandez Grandez presentó una denuncia penal contra María Caruajulca ante el Ministerio Público por presunta omisión de actos funcionales y abuso de autoridad. Según el documento, la procuradora no habría denunciado a ministros ni presidentes, tanto en el gobierno de Dina Boluarte como en el de Jerí, pese a que esa es una atribución exclusiva de su cargo. Tal como se indica en la normativa que regula la defensa jurídica del Estado: La PGE es el organismo rector técnico competente para regular y articular la defensa de los intereses estatales, incluyendo la denuncia de altos funcionarios.

Sobre la gestión de María Caruajulca, La República se comunicó con José Ugaz, exprocurador anticorrupción. El exfuncionario señaló que la situación es insostenible: "Evidentemente hay un conflicto de interés. ¿Quién va a representar al Estado en el caso donde ella es la sospechosa?". Para Ugaz, el problema es que la Procuraduría funciona bajo un mando único y vertical, donde ella es la máxima autoridad. Por eso, advierte que si se mantiene en el cargo mientras es investigada, podría presionar o tomar represalias contra los procuradores que están bajo su mando. Finalmente, cuestionó su legitimidad para seguir en el puesto: "Hay que recordar cómo es que esta señora llegó ahí, cómo la sacaron y luego volvió. La verdad es que ya no tiene legitimidad para seguir ejerciendo esa función".

La normativa del sistema de defensa jurídica del Estado establece que los procuradores no deben haber sido condenados por delito doloso. María Caruajulca tiene una sentencia condenatoria en primera instancia por negar información pública. Con los nuevos hechos presentados y una denuncia penal ya presentada en su contra, su permanencia en el cargo vuelve a quedar bajo cuestionamiento.

Este medio intentó contactar a la procuradora Caruajulca para obtener sus descargos; sin embargo, no hubo respuesta.