
La defensa de Pedro Castillo denunció a Henry García Malpartida, director de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario, y Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, por la difusión de imágenes del expresidente captadas durante una requisa realizada por funcionarios de la institución el domingo 8 de febrero.
De acuerdo con la denuncia, se difundieron imágenes de objetos personales y las condiciones en las que permanece recluso.
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En ese sentido, fundamenta que la difusión de dichas fotografías vulnera derechos constitucionales relacionados con la intimidad y la protección de datos personales, además de constituir presuntos delitos atribuidos a funcionarios públicos.
Además, menciona que si bien el Estado está facultado para realizar requisas, el acto de difundir imágenes no tendría un respaldo legal.
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Por su parte, Martín Vizcarra, quien permanece en el penal de Barbadillo, denunció al director de Seguridad Penitenciaria del INPE, Henry García Malpartida, y quienes resulten responsables por el presunto delito de abuso de autoridad y violación a la intimidad en su forma agravada. Esto debido a que realizaron dos requisas en su celda en menos de 24 horas, pese a que en la primera de estas no se detectó ninguna irregularidad.
De acuerdo con la denuncia, el sábado 7 de febrero, entre las 6:00 y 7:00 p.m., el personal penitenciario llevó a cabo una requisa general en la celda de Vizcarra y la de otros tres internos. La intervención culminó sin observaciones, y los objetos encontrados estaban autorizados por la autoridad para atender necesidades básicas no cubiertas por el Estado.
Pese a ello, en las primeras horas del domingo 8 de febrero, García Malpartida y otros servidores regresaron al penal y efectuaron una nueva requisa, aún cuando ya se había realizado una diligencia similar pocas horas antes, sin que se hubiera producido ningún incidente, relata la denuncia.
De igual forma, el abogado del expresidente Ollanta Humala, Edinson Huamán Chacón, envió una carta al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) solicitando detalles sobre la toma de fotografías a su defendido en el Centro Penitenciario de Barbadillo, las cuales luego fueron divulgadas por los medios de comunicación.
Además, pide información detallada sobre la cadena de mando involucrada y la autorización expresa del expresidente para el uso de su imagen.





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