
En medio de la creación de la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, acaba de anunciar que los presos de las cárceles peruanas deberán ahora raparse y usar uniforme de manera obligatoria.
En opinión de especialistas, esta propuesta imita la estrategia implementada por el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele, pero no contribuye a reducir los índices de criminalidad que se perciben en las calles. Además, señalaron, pretendería desviar la atención de la ciudadanía ante los recientes escándalos en los que se encuentra envuelto el presidente José Jerí.
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Este jueves, si bien el ministro Martínez negó que se estén copiando modelos extranjeros, señaló que en los próximos días se publicará un nuevo decreto legislativo en materia de seguridad para endurecer el control en los penales a través de medidas estrictas sobre el comportamiento de los cerca de 104.000 internos. “Se modificará el Código de Ejecución Penal, creando un nuevo régimen penitenciario, el más duro, para recuperar el principio de autoridad”, señaló.
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Martínez explicó que el rapado responde a factores de salubridad para evitar algunas enfermedades y a razones de seguridad para impedir que los internos escondan objetos prohibidos en los cabellos largos, como armas, navajas y gillettes, los cuales pueden ser usados con fines de violencia. La medida, añadió, no se aplicará para las mujeres recluidas.
En el caso del uniforme obligatorio, respondió que se busca que los presos “entiendan que no puede haber jerarquías dentro de las cárceles y que todos son tratados por igual”. “No puede haber internos con ropa diferenciada o que aparenten tener un estatus superior a los demás”, dijo.
Además del rapado y el uso del uniforme, Martínez aseguró que todos los presos tendrán que cumplir restricciones en las visitas, en las horas de patio y en el tránsito por pasadizos y escaleras debido a que se han detectado que estos momentos son aprovechados para planificar delitos o ingresar objetos prohibidos. Otro cambio es que deberán despertarse todos los días a las 6 de la mañana para entonar el himno nacional.
El ministro afirmó también que estas medidas se ejecutarán de forma progresiva en las 69 prisiones del país donde se encuentran hacinados y recluidos cerca de 104.000 internos.
Indicó que, por el momento, han empezado con los 824 presos de ata peligrosidad que han sido trasladados a otros penales, como fue el caso de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, quien es líder de la organización criminal Los Injertos del Norte. Él fue presentado con el cabello rapado y un uniforme de color naranja tras su llegada de Paraguay.
Sobre estos anuncios, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cuestionó que el Gobierno de José Jerí esté priorizando medidas que no atacan el problema de fondo, que son las extorsiones, el crimen organizado y la delincuencia. “El rapar la cabeza al preso, el ponerle uniforme, ¿en qué resuelve la grave inseguridad que se vive en las calles?”, sostuvo a La República.
Pedraza lamentó que el Ejecutivo esté recurriendo a propuestas populistas, simbólicas e ineficaces para la lucha contra la criminalidad. Las soluciones no pasan por rapar a los presos, indicó, sino por fortalecer la inteligencia policial, aumentar las detenciones y cortar la cadena financiera de las organizaciones criminales.
“En vez de jugar a ser un Bukele de Temu, el presidente José Jerí debe pensar en medidas verdaderas y efectivas. Da la impresión de que anuncian estas medidas para tapar sus escándalos y para decir a la población que están haciendo algo en materia de seguridad ciudadana, pero la gente no es tonta”, manifestó.
El exministro también calificó de denigrante el rapado a los presos y de complejo el proceso obligatorio de uniformización porque deberían tomarse en cuenta factores de costos, mudas y lavandería para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
En otro momento, el ministro de Justicia, Walter Martínez, señaló que la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) no solo fusionará el INPE con el Programa Nacional de Centros Juveniles, sino que fortalecerá el sistema y combatirá la corrupción.
"No solo es un cambio de nombre sino que se trata de un cambio estructural y organizacional. El decreto que crea la Sunir contiene normas que deberán desarrollarse posteriormente mediante directivas, protocolos y acciones concretas, como el reordenamiento y la reclasificación de internos", explicó.





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