
El partido Renovación Popular solicitó al Poder Judicial que admita un recurso por prescripción con el objetivo de quedar fuera de la pesquisa por el caso Lava Jato. La medida busca que se declare vencido el plazo legal para procesar al partido por supuestos aportes irregulares atribuidos a su antecesor, Solidaridad Nacional, durante las campañas del 2011 y 2014.
La defensa de la agrupación política argumenta que los hechos investigados superan el tiempo máximo fijado por la ley penal para perseguir responsabilidades. El pedido también alcanza a la investigación que involucra a José Luna Gálvez, fundador de Solidaridad Nacional, quien es señalado por el Ministerio Público en el marco del caso.
El recurso fue admitido por el juez a cargo del expediente, quien programó para el 8 de enero una audiencia virtual en la que se evaluará la procedencia de la prescripción. La decisión final podría determinar si el partido continúa o no como persona jurídica investigada por el caso de presuntos aportes de empresas brasileñas.
La defensa sostiene que la responsabilidad penal por los supuestos aportes ilícitos atribuidos a Solidaridad Nacional habría caducado. Argumenta que los aportes investigados —presuntamente entregados por las constructoras brasileñas— ocurrieron hace más de una década y que el tiempo máximo de persecución para este tipo de delitos ya expiró. Este punto será revisado en la audiencia convocada por el Poder Judicial.
Otro argumento que ha usado Renovación Popular es que el partido actual no es el mismo que operó bajo el nombre de Solidaridad Nacional. Precisaron que la agrupación cambió de denominación y estatutos, por lo que consideran que no debería atribuírsele una responsabilidad jurídica por hechos previos. Este enfoque ya fue rechazado en pedidos anteriores, pero la defensa insiste en volver a plantearlo mediante el recurso excepcional.
La Fiscalía, sin embargo, sostiene que existe continuidad jurídica entre ambas organizaciones, por lo que la responsabilidad penal se mantiene. Además, señala que los elementos de convicción recabados en el caso Lava Jato deben evaluarse en juicio. De aceptar el pedido del partido, la investigación perdería a uno de sus actores centrales como persona jurídica involucrada.

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