
El fiscal Enrique Quesada López formalizó investigar a Pablo Gonzáles Mattos, por los presuntos delitos de usurpación agravada y falsificación de documentos. La denuncia la formuló la empresa Inmobiliaria Beme, que reclama la propiedad de una residencia ubicada en un exclusivo malecón del balneario de Punta Hermosa. Lo insólito es que el inmueble pertenece a los padres de Pablo Gonzáles, quien habita desde hace seis décadas en la vivienda.
Es decir, Pablo Gonzáles Mattos ha sido acusado por “usurpar” la casa que sus progenitores compraron en 1962.
La República hace un seguimiento de este caso porque ha detectado que se trata de una modalidad de apropiación ilícita que remite a una modalidad que practicaba la organización del abogado Rodolfo Orellana, y que se está emulando con frecuencia en Lima.
Según la resolución del fiscal Enrique Quesada, Pablo Gonzáles Mattos supuestamente adulteró documentos para acreditar que es propietario del inmueble de Punta Hermosa desde 1960, sin haber practicado un peritaje que sustente dicha afirmación.
Para sustentar su reclamo, la Inmobiliaria Beme presentó documentos redactados en papeles Sello Sexto, cuyas fechas no corresponden a las fechas que se han consignado.
Según la defensa de Inmobiliaria Beme, el supuesto “verdadero” dueño de la casa de Punta Hermosa, Ricardo Bellido Salazar, vendió la propiedad a Julio Benavides Alvarado, y este la entregó como aporte de capital a la mencionada empresa.
El fiscal Enrique Quesada no tomó en cuenta que el Banco de la Nación ha informado que los papeles Sello Sexto de las minutas que ha presentado Inmobiliaria Beme para acreditar la propiedad de la vivienda de Punta Hermosa, corresponden a la década de los años 70, y no a los 60 como debería de ser. Por lo que se trataría de una falsificación de documentos.
Pese a que Pablo Gonzáles ha probado con evidencia documental de la Municipalidad de Punta Hermosa y del Archivo General de la Nación, y con las declaraciones de los vecinos, de que Julio Benavides Alvarado nunca vivió en la residencia que reclama como suya, el fiscal Quesada accedió a abrir investigación contra Gonzáles, el verdadero propietario.
El representante de Inmobiliaria Beme, el abogado Marco Calderón Rodríguez, no accedió a dar su versión a este diario.
Más bien el fiscal Quesada prefirió darle crédito a la defensa de Inmobiliaria Beme, según la cual los documentos de Pablo Gonzáles que comprueban que sus padres son los propietarios, supuestamente contienen alteraciones. La autoridad se limita a reproducir los dichos de la empresa.
Sin embargo, los documentos presuntamente modificados, tienen las rúbricas originales del padre de Pablo Gonzalés, Pablo Gonzáles Willsttater, así como de los funcionarios de la Municipalidad de Punta Hermosa. Además, se trata de un papel Sello Sexto original del año 1960, a diferencia de lo que ha presentado Inmobiliaria Beme.
Que los servidores ediles añadan inscripciones en los documentos no implican que estos son inválidos, como sugiere el representante de Inmobiliaria Beme.
Además, el fiscal no ha preguntado a la Municipalidad de Punta Hermosa, si se considera agraviada por la supuesta falsificación de documentos por parte de Pablo Gonzáles.
Antes de abrir investigación a Pablo Gonzáles Mattos, bien pudo el fiscal Enrique Quesada solicitar al municipio el registro del pago del impuesto predial de la vivienda para identificar quién hizo dichos abonos en los últimos 60 años.
De haberlo requerido la autoridad esta información disponible en el municipio de Punta Hermosa, bien pudo haber comprobado que quienes pagaron fueron Pablo Gonzáles padre e hijo.
Al abrir investigación el fiscal contra Pablo Gonzáles, le ha dado crédito a quienes el verdadero propietario del inmueble, ha denunciado por falsificación de documentos. Se está repitiendo lo que solía hacer la organización de Orellana con sus víctimas: proyectarlas como si fueran los usurpadores.

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