
El Gobierno de Dina Boluarte habría solicitado a trabajadores de los distintos ministerios a participar en la 'Marcha por la Paz', organizada el sábado 19 de julio, para mostrar apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. Según fuentes de La República, entidades como el Ministerio de la Mujer (MIMP) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), varios trabajadores fueron llamados por sus superiores para participar en la manifestación. La convocatoria se habría realizado a través de grupos de WhatsApp de los colaboradores con la promesa de un beneficio laboral a cambio de su participación.
La movilización inició en los alrededores del Palacio de Justicia y avanzó hasta llegar a la Plaza San Martín, donde se concentró. Durante el recorrido, se identificó a personal que vigilaba a los trabajadores de las entidades y realizó registro de fotografías para tener control visual, presuntamente con el objetivo de verificar la asistencia de los mismos.
La denuncia de los servidores revela una práctica que vulnera derechos laborales y expone el uso de recursos humanos del Estado con fines políticos. Las personas convocadas se sintieron presionadas a asistir, ante el temor de represalias o por incentivos que condicionaban su decisión.
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos ha iniciado una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas durante la campaña electoral de 2021. La pesquisa gira en torno a un aporte de S/150.000 atribuido al empresario Eduvigis Beltrán Salinas, destinado a financiar actividades proselitistas de Bolivia cuando fue candidata vicepresidencial en la plancha de Pedro Castillo.
El supuesto pago habría sido entregado entre el 19 y 26 de mayo de 2021, con al menos un encuentro coordinado en el restaurante El Hornero, en San Isidro, e incluso un almuerzo en una casona de Lima. No está claro si Boluarte recibió directamente el dinero o a través de intermediarios, como su exasistente Marcela Saldarriaga.
A diferencia de otras investigaciones, este caso no requiere el visto bueno del Congreso, ya que los hechos ocurrieron antes de que asumiera la presidencia y no está aforada. Además, la indagación se suma a la carpeta que ya existe por presunto lavado de activos vinculados a aportes ilícitos a Perú Libre. La presidenta será citada a declarar, y la defensa sostiene que el caso por conflicto de intereses ya fue archivado previamente

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