
El Congreso busca impedir que el expresidente Pedro Castillo postule en las elecciones generales del 2026. La Comisión Permanente aprobó este miércoles declarar procedente dos denuncias constitucionales contra el exmandatario con el objetivo de inhabilitarlo de ejercer cargos públicos, justo cuando hay un proceso electoral en marcha.
Las dos denuncias constitucionales que fueron declaradas procedentes son por el supuesto intento de intervenir la Derrama Magisterial y el uso de vuelos de las Fuerzas Armadas (FFA.AA) para favorecer a sus familiares.
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Con esta decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) tiene 15 días para avanzar la investigación y presentar un informe final que resuelva la inhabilitación de Pedro Castillo.
La primera acusación constitucional, referida a la intervención de la Derrama Magisterial, fue presentada por el congresista de Podemos Perú, Juan Burgos. La Comisión Permanente la declaró procedente con 17 votos a favor, 8 en contra y una abstención.
La segunda denuncia constitucional, respecto al presunto uso irregular de los vuelos de la FF.AA para beneficio de sus sobrinos y familiares, fue interpuesta por el congresista no agrupado Edward Málaga. La Comisión Permanente la declaró procedente con 15 votos a favor, 13 en contra y una abstención.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), María Acuña, deberá elegir a dos delegados que se hagan cargo de elaborar los informes finales de las dos investigaciones contra Pedro Castillo.
Dichos informes finales serán sometidos a votación para que luego sean discutidos en la Comisión Permanente y después en el Pleno del Congreso.
El Congreso ha demostrado que cuando se trata de desplazar a sus potenciales rivales políticos y electorales, pisa el acelerador. Sucedió con el expresidente Martín Vizcarra, quien busca ser candidato presidencial, pero lo han inhabilitado tres veces de la función pública.
Similar panorama afronta Castillo. En un contexto en que agrupaciones de izquierda, como Juntos por el Perú y el Nuevo Perú, buscan conformar una alianza electoral con él, el Congreso acelerar dos denuncias constitucionales que puedan terminar inhabilitándolo de la función pública y, por ende, de ser candidato en las elecciones generales del 2026.
El expresidente no está afiliado a ninguna agrupación política. Sin embargo, puede postular al Senado o a la Cámara de Diputados del Congreso 2026 en calidad de invitado.
Debido a eso, diversas agrupaciones políticas de izquierda pusieron en la mira a Castillo para cobijarlo en alguna lista de candidatos al Congreso.

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