Poder Judicial ratifica condena de 9 años y 4 meses de prisión a exfiscal Abel Concha por caso Los Temerarios del Crimen

El Poder Judicial ratificó la condena de 9 años y 4 meses de prisión efectiva contra el exfiscal superior Abel Concha Calla, por haber cometido el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Según la sentencia, Concha ofreció interceder en una investigación a cambio de favores económicos, en el marco del caso conocido como Los Temerarios del Crimen.

La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín. En la resolución, se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exmagistrado, confirmando así la pena impuesta por una sala penal superior. El fallo fue emitido el 26 de junio y tiene carácter definitivo.

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Abel Concha fue hallado culpable de haber ofrecido influencias reales y simuladas ante funcionarios públicos y particulares. Una de las principales acusaciones señala que se comprometió a favorecer al exalcalde chiclayano David Cornejo Chinguel en una investigación fiscal. También aparece mencionado el nombre de la empresaria Mirtha Gonzáles Yep, a quien ofreció contactos en el sistema judicial.

Además de la pena privativa de libertad, Concha fue sancionado con 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público. También deberá pagar una multa de S/ 21.290 y una reparación civil de S/ 220.000 a favor del Estado. El Poder Judicial consideró que su conducta afectó gravemente la institucionalidad del Ministerio Público.

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Sentencia marca un precedente en casos de corrupción

El caso de Abel Concha es uno de los pocos procesos por corrupción que alcanzan una sentencia firme contra un exfiscal superior. La ratificación de la condena representa un precedente relevante en la lucha contra las redes de influencia que operan dentro del sistema judicial peruano. La decisión ha sido saludada por diversos sectores del ámbito legal y político.

Concha fue vinculado al caso Los Temerarios del Crimen en 2018, cuando se revelaron una serie de comunicaciones telefónicas entre el entonces alcalde Cornejo Chinguel y distintos funcionarios del sistema de justicia. En esos registros, el exfiscal ofrecía interceder en procesos fiscales a cambio de beneficios personales. La investigación del Ministerio Público fue asumida por el equipo especial contra la corrupción del poder.

El exfiscal siempre negó los cargos y argumentó que su vínculo con los implicados no configuraba delito. No obstante, las pruebas presentadas durante el juicio —como interceptaciones telefónicas y declaraciones de colaboradores eficaces— permitieron al Poder Judicial concluir que hubo una conducta dolosa por parte del acusado. La defensa anunció que acudirá a instancias internacionales.