Juan José Santiváñez: Poder Judicial determina que Fiscalía podrá revisar audios de 'Culebra' hasta el 5 de setiembre

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resolvió aclarar desde cuándo se computa el plazo para la revisión de los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, que involucran al exministro del Interior Juan José Santiváñez. La medida fue solicitada por la Fiscalía de la Nación como parte de una investigación que sindica a Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad. Mediante la resolución, el juez determinó que el plazo de revisión será de noventa días y se contará desde el 5 de junio hasta el próximo 5 de septiembre.

El material fue entregado de forma voluntaria por Izquierdo el pasado 29 de agosto de 2024 y, según el expediente judicial, consiste en un pequeño grabador digital con capacidad de ocho gigabytes. Con este equipo, la Fiscalía busca extraer, leer, visualizar y transcribir contenido que podría resultar relevante para la investigación en curso, la cual se tramita luego de que se dispusiera el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones del exministro censurado.

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A pesar de que la defensa de Santiváñez no se opuso a la solicitud fiscal que permitía esta indagación en sus comunicaciones, luego pidió al juez que precise la fecha exacta desde la cual debían contarse los noventa días otorgados para realizar la diligencia correspondiente con los dispositivos y audios mencionados. La Fiscalía, por su parte, intentó obtener una ampliación del plazo, pero su pedido fue declarado improcedente por el juzgado. Con esta decisión, el tema queda zanjado.

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Juan José Santiváñez: audios entre el exministro del Interior y 'Culebra'

En dichas grabaciones se oiría a Santiváñez dialogando con el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo, conocido con el alias de ‘Culebra’. En estas conversaciones se abordarían presuntos pormenores de casos relevantes, como el denominado 'Cofre' —el vehículo presidencial que, según se dice, habría servido para que Vladimir Cerrón huyera de la justicia—, además de referencias a allegados de la presidenta Dina Boluarte y a otros asuntos vinculados con el líder de Perú Libre.

"Al realizar el peritaje de verificación de veracidad de ambos participantes, se podrá corroborar judicialmente que todo lo dicho por el capitán Izquierdo es cierto”, indicó José Carlos Mejía, abogado del oficial de la PNP.

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Juan José Santiváñez enfrenta un impedimento de salida del país por 18 meses

Por otro lado, el Poder Judicial ha dispuesto que Juan José Santiváñez permanezca en territorio nacional durante los próximos 18 meses, mientras se esclarece otra acusación en contra del exministro: se trata de su presunta participación en un pago de 20 mil dólares dirigido a magistrados del Tribunal Constitucional. La decisión revierte el fallo anterior del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que había rechazado el impedimento de salida argumentando que Santiváñez tenía arraigo familiar, laboral y domiciliario.

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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema acogió la apelación de la Fiscalía, la cual sostuvo que el exministro carecía de vínculos sólidos para permanecer en el país. Según el Ministerio Público, el cargo que ocupa ahora en la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental es solo de confianza y con estabilidad relativa, por lo que no constituye arraigo. Además, la Fiscalía advirtió que el estudio jurídico de Santiváñez tiene sucursales en México y Chile, lo que podría facilitar una eventual fuga, sumado a que los contratos de alquiler de su oficina en Lima vencieron en diciembre de 2023.

El caso se remonta a la defensa que asumió en 2021 de Miguel Marcelo Salirrosas, para quien presentó recursos que fueron rechazados por la Corte Suprema y un juzgado de Trujillo. No obstante, insistió en elevar el caso al Tribunal Constitucional en 2022. Ya en 2024, cuando ejercía como titular del Mininter, Santiváñez habría coordinado por mensajes de WhatsApp con allegados del investigado para gestionar supuestamente la coima, sugiriendo reuniones en persona para evitar dejar rastros. Testigos protegidos aseguran que solicitó los 20 mil dólares destinados realmente a magistrados del Tribunal Constitucional y revelaron capturas de mensajes eliminados en los que pedía la confirmación de la suma ofrecida, recalcando la urgencia de no “quedar mal” con sus “amigos”.