
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció que, durante el intento de usurpación de cargo por parte de Patricia Benavides, habrían intentado quitarle su "seguridad y resguardo personal" que legítimamente le corresponde. Asimismo, advirtió que el Ministerio del Interior debió brindar resguardo a las instalaciones y a los funcionarios de la institución fiscal, sin embargo, no lo hizo.
En ese sentido, responsabilizó a las "autoridades competentes" de cualquier atentado en su contra y la de su personal.
"He tomado conocimiento de que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que como fiscal de la Nación en ejercicio legal me corresponde. Hago responsable al Ministerio del Interior, institución que desde las 8 am debió enviar seguridad y hacerse presentes para custodiar las instalaciones y garantizar la seguridad del personal que trabaja aquí", indicó.
Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público alertó que las acciones de Benavides Vargas podrían tratarse del primer paso para un golpe de Estado.
"Alertamos a la comunidad internacional que esto parecería ser un primer paso para un golpe de Estado al estado democrático del país", manifestó.
Posteriormente, en un mensaje dirigido a los trabajadores del Ministerio Público, la fiscal reiteró: "Se pretende dar un golpe de Estado. Muestren sus caras. ¿Quiénes quieren hacerlo? Mientras hayamos 34 millones de peruanos. El Ministerio Público es un bastión, y así seamos el último bastión de la democracia. No nos vamos a dejar someter por intereses oscuros", dijo.
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Este lunes 16 de junio, Patricia Benavides ingresó por la fuerza al recinto del despacho de Delia Espinoza, fiscal de la Nación, ubicada en el noveno piso del Ministerio Público. Acompañada de su personal de seguridad privada y agentes policiales, subió directamente a los pasillos superiores sin registrarse en la zona de control ni solicitar audiencia alguna.
Además, Benavides sostiene su acción amparada en una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitida el pasado 13 de junio, que anuló su destitución y ordenó su restitución como fiscal de la Nación. Sin embargo, esta decisión carece de notificación oficial al Ministerio Público y es considerada inconstitucional por expertos por extralimitar las facultades de la JNJ, ya que la designación del cargo es potestad exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos

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