
La Procuraduría Anticorrupción comunicó que se ha registrado las 35 propiedades embargadas valorizadas en más de 47 millones de soles a la empresaria Sada Goray y otros implicados entorno a la investigación de supuestos pagos de sobornos a funcionarios del Ministerio de Vivienda durante el Gobierno de Pedro Castillo con el fin de obtener contratos con el estado a favor de su empresa. Con la inscripción logran que las propiedades pasen a ser del Estado, sin embargo no pueden hacer uso de estas hasta que se dicte una sentencia del caso.
Además de las propiedades de Goday, también se inscribieron las de Roger Gavidia, extitular de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y Pilar Tijero, prima del periodista Mauricio Fernandini. La Procuraduría aclaró que la medida fue tomada por parte del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria en enero pasado.
En febrero pasado, el Poder Judicial ordenó el embargo de 22 propiedades de Sada Goray. Estas comprenden diez lotes y dos predios en Trujillo, cuatro predios, un terreno y un fundo en Tarapoto, un predio y un lote en Moyobamba, un predio en Juanjui y una parcela en Pisco. La suma total de estos bienes asciende a 36 millones 383 mil 828 soles,
El juez Raúl Justiniano declaró como “fundada” la solicitud presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. En su resolución, argumentó que los requerimientos son fundamentales para prevenir la transferencia, donación, venta o gravamen de los inmuebles a personas naturales o jurídicas diferentes. Esta decisión busca proteger la integridad de los bienes involucrados en el proceso.
Según la tesis de la Procuraduría, la red de corrupción operaba a través de funcionarios que fueron colocados para poder concretar los contratos a favor de la empresa de Goray. Se presume que fueron 11 los pagos realizados por la empresaria a Salatiel Marrufo, quien fue asesor del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, entre setiembre de 2021 hasta julio del 2022.
Además se habría dispuesto la entrega de un inmueble valorizado en más de 3 millones de soles al exministro Alvarado. Dentro de estos supuestos tratos ilícitos se encontraba también el presunto aporte de 21 millones de dólares destinado a Gianmarco Castillo Gómez, sobrino del expresidente Pedro Castillo

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