
La presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta un total de 34 denuncias en su contra, según confirmó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Durante una entrevista en Cuarto Poder, Espinoza también rechazó las afirmaciones de la mandataria, quien denunció un supuesto "golpe de Estado blando" y "acoso político" en su contra.
"La señora (Boluarte) dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso. (...) Pero se le está llamando (para declarar a la Fiscalía) únicamente cuando es estrictamente necesario para un esclarecimiento. En los demás casos, se recaban documentos, testigos y algunas pericias", expresó Espinoza en la entrevista.
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Asimismo, la fiscal de la Nación explicó que la mayoría de las denuncias contra Dina Boluarte han sido presentadas por ciudadanos y que, solo en algunos casos, es estrictamente necesario que Boluarte rinda su declaración. Asimismo, negó cualquier motivación política en las investigaciones y pidió diferenciar entre el ejercicio de la política y la labor de la justicia. "Nosotros no ejercemos política, por lo tanto, ¿cómo vamos a promover un golpe? Lo que sí dejo muy en claro es que estamos cumpliendo con un debido proceso", manifestó.
Entre las investigaciones en curso, Boluarte ha sido citada por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, el presunto encubrimiento con el traslado del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, la posesión de relojes y joyas de lujo, supuestamente entregados por el gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima y, las más reciente, por el caso Qali Warma. En varias ocasiones, la jefa de Estado ha optado por no responder o no acudir a la Fiscalía.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, defendió la denuncia constitucional contra los 11 congresistas investigados por presuntamente recibir doble sueldo y aseguró que el proceso se llevó a cabo con total transparencia. Según explicó, ninguno de los legisladores implicados presentó durante la investigación algún recurso ante el Poder Judicial alegando vulneración de sus derechos.
"Ninguno de los investigados, durante el tiempo que duró el proceso, recurrió al juez para decir que había vulneración a sus derechos constitucionales o fundamentales. Toda la investigación transcurrió con tranquilidad", señaló Espinoza. Además, enfatizó que el Ministerio Público no persigue a políticos, sino a delitos, y que en este caso encontraron indicios claros de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
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Esta respuesta se da luego que, el pasado 7 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró improcedente la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, cerrando la posibilidad de que los legisladores sean investigados. Según la argumentación de la SAC, no se puede penalizar la función legislativa cuando esta se ejerce conforme a la Constitución, pues ello vulneraría los derechos de los congresistas. La decisión fue cuestionada por sectores que denuncian una falta de voluntad política para sancionar posibles irregularidades dentro del Parlamento.

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