La presidenta electa del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, se mostró en contra de la propuesta de Dina Boluarte sobre aplicar la pena de muerte en el Perú. En ese sentido, la magistrada suprema indicó que de llevarse a cabo esta controversial sanción jurídica capital, pues llevaría a un retroceso a nuestro país.
"A nivel de debate en nuestro país todo es debatible y más aún en el ámbito del derecho, pero como una medida que va a poder solucionar los problemas como reacción a lo que ya se presentó, lo considero absolutamente inoficioso. Particularmente, no soy partidaria de la pena de muerte, tenemos cadenas perpetuas que son penas de muerte en vida. Miguel Rincón Rincón ha fallecido en prisión", sostuvo para Canal N.
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En ese contexto, Tello Gilardi reiteró que sería un paso atrás; sin embargo, aseguró que si alguien desea discutirlo, pues no tiene razón para impedirlo. "Solo quiero reiterar que lo veo como algo innecesario y un retroceso en el progreso de una sociedad civilizada", agregó.
Después de que la presidenta Dina Boluarte propusiera la pena de muerte para los violadores de menores, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha decidido crear una Comisión Sectorial para llevar a cabo debates públicos con el fin de evaluar las propuestas relacionadas con la ampliación de esta medida.
La Comisión, que tendrá una duración temporal de tres meses, fue formalizada a través de la resolución ministerial N° 319-2024-JUS, publicada el 14 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano. Durante su periodo de funcionamiento, su objetivo principal será elaborar un informe técnico que compile las propuestas para analizar la implementación de la pena de muerte.
Como presidente del grupo, Arana designó a su jefe de Gabinete de Asesores, Juan Falconi Gálvez. Este funcionario fue viceministro del sector y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el controvertido indulto a Fujimori en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y anteriormente se desempeñó como abogado para Fuerza Popular.
En marzo de 2016, Falconi fue acreditado por el partido de Keiko Fujimori como su abogado para representar al fujimorista Gian Carlo Vacchelli, quien en ese momento era congresista y candidato a la reelección, y había sido excluido del proceso electoral por haber entregado dinero. Falconi logró que Vacchelli pudiera continuar en la contienda.
De acuerdo con el abogado penalista, Mario Amoretti, la propuesta de Dina Boluarte sobre la pena de muerte es una cortina de humo. "Es evidente que es una estrategia distractora de la presidenta Dina Boluarte. Esto no resuelve el problema de inseguridad que enfrenta el país. El Gobierno de Boluarte no está funcionando, el Congreso tampoco, y solo están en un estado de supervivencia, sin hacer nada efectivo para abordar realmente los problemas del país", declaró a este medio.
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De igual manera, el abogado constitucionalista Erick Urbina destacó la ineficacia de esta medida. "La última vez que se aplicó la pena de muerte en el Perú fue en el caso del "Monstruo de Almendariz", un ciudadano afroamericano a quien se le aplicó este castigo y luego se determinó que era inocente. Creo yo que el sistema jurídico peruano no garantiza que ningún ciudadano sea tratado con justicia. En varias situaciones se ha visto que el margen de error es muy amplio. Es una medida populista. No es viable ni hay unanimidad en la postura de Estado", explicó a Exitosa.