Rosa María Palacios se refirió a las declaraciones de Alberto Otárola que confirmaron que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una operación sin que el Congreso haya sido notificado, según el artículo 114.1 de la Constitución, para que la presidencia se le encargue al presidente del Congreso durante el tiempo de su ausencia.
"Sabía que revelar que la presidenta se sometió a una operación quirúrgica, iba a tener consecuencias, porque es la primera vez que un alto funcionario confirma una investigación periodística, lo que se convirtió luego en una impugnación con una denuncia por no haber notificado al Congreso de su situación", señaló.
Asimismo, comentó acerca de la situación en la que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, llamó desleal a Alberto Otárola, quien a su vez le respondió que "decir la verdad no es ser desleal, traicionar a buenos policías, sí", mediante sus redes sociales y señaló que la acusación de Otárola es muy grave porque constituye un delito.
"Lo más grave es que implementar por encargo seguimientos ilegales, eso es delito, es violación a la intimidad, es un delito en el Perú, exponer el récord médico de una persona es delito, publicar tu récord tributario, es delito, es violación de la intimidad. Seguimientos ilegales, hay seguimientos legales, por supuesto, ordenados por un juez, escuchas telefónicas, por ejemplo, a pedido de un fiscal. Pero el señor Otárola sabe perfectamente lo que quiere decir seguimientos ilegales por encargo", sostuvo la abogada.
RMP, reiteró que el Congreso blinda a Dina Boluarte, a pesar de lo que ha revelado Alberto Otárola. La moción de vacancia que se viene especulando aún no logra reunir el número de firmas necesarias para poder ser presentada al Parlamento. Y que ahora según lo que dijo el expresidente del Consejo de Ministros, este tema ha vuelto a ponerse en la palestra y ha desatado la interrogante si significa o no una causal de vacancia presidencial. Cabe recalcar, que la presidenta cuenta con menos del 3% de aprobación a nivel nacional, de acuerdo a la información de varias encuestadoras.
"Hay dos instituciones distintas, una es vacancia otra es infracción a la Constitución que implica la desobediencia, el desacato y eso sí hay en este caso y la infracción genera un juicio político, cuando la señora ya no sea presidenta. Porque existe la posibilidad de que un Congreso en el lapso de 5 años le imponga una sanción de inhabilitación para el ejercicio de función pública hasta por 10 años, con un precedente como Martín Vizcarra. El Congreso no quiere hablar del tema hoy, pero si hay algo qué decir, tendrá que decirlo en el próximo Congreso ye so depende de ustedes", remarcó.