Juan Burgos: estos son los obstáculos denunciados para frenar investigación sobre uso del ‘cofre’ para fuga de Vladimir Cerrón
Titular de la Comisión de Fiscalización ha denunciado un presunto reglaje por parte del Gobierno de Dina Boluarte ante pedido de facultades de comisión investigadora.
A inicios de setiembre, la Comisión de Fiscalización y Reglamento del Congreso de la República solicitó al Pleno facultades de comisión investigadora por 120 días para indagar sobre el presunto uso del auto presidencial de Dina Boluarte para ayudar al prófugo Vladimir Cerrón Rojas, secretario general de Perú Libre, a darse a la fuga hacia Pisco. Desde esa fecha, Juan Burgos, en su calidad de titular de este grupo de trabajo, ha denunciado una serie de acciones desde el Gobierno que buscarían atentar contra las indagaciones.
La denuncia más reciente de Juan Burgos fue una presunta persecución por parte de miembros del Servicio Nacional de Inteligencia (DINI). Indicó que, existen movimientos que buscarían intimar a la Comisión de Fiscalización para evitar que el Congreso les entregue las facultades de comisión investigadora.
"Personalmente, estoy siendo perseguido por miembros del Servicio Nacional de Inteligencia, y hoy día (viernes) lo he comprobado porque he vuelto a ver a los mismos miembros que estuvieron en el lugar donde estuve ayer. (Me siguen) en mis actividades comunes, me están siguiendo. Les hemos tomado fotos, pero vamos a investigar qué nombres tienen", declaró a la prensa.
En este marco, el parlamentario de Podemos Perú denunció que desde el Gobierno de Dina Boluarte notó “movimiento” orientados a que el Congreso no otorgue facultades de comisión investigadora al grupo que preside: “Hay muchos miembros del Ejecutivo, coordinadores parlamentarios y diferentes personajes que están buscando que la moción de facultades no sea aprobada”.
Otro suceso denunciado es que, Burgos Oliveros denunció que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría buscado una reunión “a través de terceras personas” con él. Fue el mismo legislador quien alertó sobre esta situación a través de un oficio enviado al despacho del integrante del Gabinete Adrianzén, en la que conminó a respetar los canales oficiales del Palacio Legislativo y le recordó que el grupo que lidera viene realizando indagaciones en curso que lo involucran.
De acuerdo a la carta enviada por Juan Burgos, el lunes 9 de setiembre, a las 14:25 horas, recibió una llamada telefónica desde un número de celular desconocido. El interlocutor se identificó como Rosa Medina, quien le manifestó que el ministro Santiváñez personalmente le había pedido concertar una reunión de carácter privado entre los dos. Gesto que el parlamentario ha calificado de “inapropiado”.
“Este procedimiento resulta inapropiado y no conforme con el protocolo establecido para la gestión de citaciones o invitaciones en el contexto de actividades congresales. De acuerdo a las normativas vigentes y las prácticas recomendadas para asegurar la transparencia y el orden en estos procesos, todas las comunicaciones relacionadas con convocatorias, reuniones o cualquier tipo de interacción oficial deben canalizarse a través de los procedimientos formales establecidos”, se lee en la carta difundida por ‘Panorama’.
En respuesta a la carta de Juan Burgos, el Ministerio del interior sacó un comunicado en el que indicaron que Juan José Santiváñez rechaza tajantemente el documento enviado por el presidente de la Comisión de Fiscalización “en donde se pretende señalar” que él habría buscado reunirse con él en un ambiente privado y ajeno a las instalaciones del Parlamento.
“Es completamente falso. Lamentamos que, sin ninguna investigación previa y desconociendo los hechos, se pretenda atribuir dicha solicitud al ministro Santiváñez”, dice el comunicado, el cual anuncio un segundo oficio, pero esta vez dirigido desde el Mininter a Juan Burgos Oliveros.
Se debe tener en cuenta que, a inicios de setiembre, la Comisión de Fiscalización y Reglamento del Congreso de la República aprobó por mayoría solicitar al Pleno las facultades de comisión investigadora por 120 días para indagar sobre el presunto uso del auto presidencial de Dina Boluarte para ayudar al prófugo Vladimir Cerrón Rojas, secretario general de Perú Libre, a darse fugar hacia Pisco.
Entre otros datos valorados por la Comisión de Fiscalización para pedir estas facultades, están que, el ministro Santiváñez indicó que, “dos grandazos de Palacio” protegen a Vladimir Cerrón. Se trataría de dos altos funcionarios de confianza de la mandataria Dina Boluarte, quienes recibirían información de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) y de la Dirección de Inteligencia de la PNP (Dirin) sobre operativos contra Cerrón. Estos dos personajes luego reportarían estos datos a dos congresistas de confianza del líder de Perú Libre, quienes se encontraría en permanente contacto con él.
Modifica norma para evitar dar información del ‘cofre’
El último 19 de setiembre, se conoció que, pocas horas antes de que sesione la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, se aprobó una resolución del Despacho Presidencial que impide que el grupo de trabajo presidido por Juan Burgos acceda a la información solicitada —vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información— al recorrido del vehículo oficial asignado a la jefa de Estado que habría ayudado a la fuga de Vladimir Cerrón.
Con la aprobación de esta resolución, se facultó a la Casa Militar de Palacio de Gobierno a no alcanzar la información que la Comisión de Fiscalización había solicitado sobre la ruta que siguió el vehículo oficial de Presidencia, conocido como el “cofre”, asignado a la presidenta de la República, que ayudó a fugarse al líder de Perú Libre.
El 17 de setiembre, se aprobó —a través de la Resolución N° 000042-2024-DP/SG— que se califique como “secreto” el plan de seguridad de la presidenta de la República y colocó como de carácter reservado los anexos y un informe, el cual contendría información sobre el desplazamiento del denominado “cofre”.
“(Se resuelve) clasificar con carácter de reservado el “Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos”, asignándole como código: DR001-PSPG2023. Clasificar con carácter de reservado los anexos del “Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos”, asignándoles los siguientes códigos: DR001-PSPG-ORG001; DR002-PSPG-PSI002; DR003-PRP-PRP003; DR004-PSPGERRT004; DR005-PSPG-PAI005; DR006-PSPG-LD006; DR007-PSPG-POJ007; DR008-PSPG-PRAED008; DR009-PSPG-PSDK009 y DR0010-PSPG-POQW0010”, se leer en el documento.
También se declara como reservado el Acta N° 002-2023-DP/FRCIDP; de fecha 13 de setiembre de 2023, asignándole como código: ACT002.
El documento también precisa que el Congreso solo podrá acceder a esta información si la Comisión de Fiscalización y Reglamento tiene la calidad de comisión investigadora, lo cual tiene que ser aprobado por el Pleno.
“El responsable de Brindar la Información Pública en coordinación con la Casa Militar, permitirá el acceso de la información clasificada a las entidades señaladas en el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a su solo requerimiento; verificando previamente que la solicitud presentada por esta cumpla lo dispuesto en el citado artículo”, se lee.
