Ante la declaratoria de Duelo Nacional por el fallecimiento de Alberto Fujimori, la exministra y vocera de los familiares de las víctimas de La Cantuta, Gisela Ortiz, calificó de “vergüenza” la decisión adoptada por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ya que el exdictador fue condenado por la violación de derechos humanos y por actos de corrupción en perjuicio del Estado peruano.
“Es una vergüenza porque no solo fue condenado por el asesinato de nuestros familiares, sino que ha sido condenado por delitos de corrupción contra el Estado peruano y le debe millones de soles al Ministerio de Justicia que ha sacado un pronunciamiento de pésame. Es una vergüenza porque el propio Estado reconoce a alguien condenado por graves delitos”, declaro a ‘Exitosa’.
Cabe resaltar que, Alberto Fujimori fue sentenciado por siete casos, de los cuales tres estuvieron relacionados con corrupción y por los que se le impuso una reparación civil de S/27 millones: por el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor por 7 millones. Dicho monto ha ido aumentando sus intereses y hoy suman S/57 millones.
Cabe resaltar que, el Gobierno de Dina Boluarte declaró Duelo Nacional los días 12, 13 y 14 de septiembre tras el fallecimiento de Alberto Fujimori, el luto busca conmemorar al ex dictador condenado por delitos de lesa humanidad.
El Decreto Supremo que oficializa esta medida fue publicado en la edición extraordinaria del diario El Peruano: “Decreto Supremo que declara Duelo Nacional los días 12, 13 y 14 de septiembre de 2024, con motivo del deceso del señor Alberto Fujimori Fujimori, ex Presidente de la República"
Para Gisela Ortiz la declaratoria de Duelo Nacional “evidencia un cogobierno entre Dina Boluarte, el fujimorismo y otros partidos que están gobernando actualmente” el país, en referencia a los partidos de derecha con representación en el Congreso.
En este sentido, la exministra recordó que sus familiares “nunca tuvieron un juicio o una acusación, sino que fueron asesinados de la manera más cobarde”, por lo que no podría concederle algún mérito al exdictador como funcionario público.
“No, lamentablemente no le puedo conceder un mérito para alguien que destruyó a mi familia y a miles de familias, pero que además sembró toda esta historia de que nuestros familiares eran senderistas, es algo que hasta ahora mancha la dignidad de mi hermano y la de mi familia”, agregó.
Alberto Fujimori asumió la presidencia del Perú entre 1900 y 2000. Su Gobierno estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones, esterilizaciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad contra ciudadanos bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
En este contexto, las familias afectadas se pronunciaron sobre el fallecimiento de Alberto Fujimori, quien llegó al poder en medio de un contexto de inestabilidad económica y violencia interna. "Se ha ido sin pagar sus culpas", declaró Norma Méndez a La República. Ella es madre de la periodista Melissa Alfaro, asesinada por el Grupo Colina en 1991.
"La muerte de Alberto Fujimori nos recuerda la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura. Lamentablemente, en los últimos años, hubo una estrategia para liberar a Fujimori de manera ilegal. Y esta estrategia se materializó en el Gobierno de Dina Boluarte", sentenció Indira Huilca, hija de Pedro Huilca Tecse, ex secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que fue acribillado el 18 de diciembre de 1992, durante la dictadura de Fujimori. La acusación recae contra Vladimiro Montesinos y contra los exjefes del Grupo Colina.