CAL respalda modificación de ley de extinción de dominio que promueve el defensor del Pueblo

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) respaldó la demanda inconstitucional ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley sobre Extinción de Dominio (Decreto Legislativo 1373) porque, según fundamentaron, la norma vulnera la presunción de inocencia y podría perjudicar a personas que adquirieron sus bienes inmobiliarios hace décadas y no cuentan con un registro oficial.

Referente al aspecto inmobiliario, la institución explicó que "dada la informalidad que existe en materia inmobiliaria y la falta de un registro mobiliario más allá del vehicular, existen ciudadanos que han adquirido sus bienes personales o familiares desde hace muchas décadas, cuando no había obligación de bancarizar las operaciones ni de inscribir sus derechos en registros públicos, ya que estos últimos son facultativos y no constitutivos de derechos. En este contexto, estas personas podrían encontrarse imposibilitadas de probar el origen lícito de sus propiedades y, por ende, estarían en riesgo de perderlas, lo cual sería injusto".

En ese sentido, la entidad consideró que la Fiscalía debe "presentar evidencia inicial suficiente que genere una sospeche razonable sobre el origen ilícito de los bienes, como indicios, informes financieros, antecedentes de actividades delictivas y documentos con fecha cierta, entre otros, para admitir a trámite la demanda de extinción de dominio".

Consecuentemente, la CAL indicó que "entiende" lo expuesto por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez y argumentó que el legislativo debe revisar/modificar la norma "para asegurar una lucha efectiva contra la corrupción dentro del marco constitucional y convencional, sin menoscabar el derecho de propiedad de los ciudadanos".

"El CAL extiende su apoyo al Congreso de la República, ofreciendo su aporte técnico-jurídico a través de sus más destacados expertos y académicos, con el fin de contar con un marco normativo acorde a la realidad, a la Constitución y a los estándares convencionales", se lee en el comunicado.

Sin embargo, a diferencia del CAL, el Poder Judicial no apoyó la propuesta de Josué Gutiérrez. "La demanda de inconstitucionalidad presentada podría beneficiar a quienes han logrado evadir la justicia penal, incluyendo a testaferros y grandes corruptos cuyos bienes ilícitos, en muchos casos, no están directamente vinculados a su nombre", se lee en el comunicado presentado por el presidente de la Mesa de Trabajo del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial (PJ), Manuel Luján.

En ese marco, el PJ explicó que los criminales involucrados en "la minería ilegal, el trafico ilícito de drogas, la corrupción y las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión también podrían verse favorecidas si la extinción de dominio se subordina a los resultados de procesos penales que pueden extenderse por años".