La Procuraduría General del Estado solicitó a la Fiscalía el inicio de las investigaciones contra Ninoska Chandía, presidenta del IRTP, tras haber utilizado las instalaciones de dicha entidad estatal para grabar publicidad de la Universidad César Vallejo.
"La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó a la fiscalía provincial corporativa en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, el inicio de diligencias preliminares contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de peculado doloso en agravio de Estado", se lee en el comunicado.
Esta entidad estatal detalla que Chandía utilizó de forma indebida, lo cual ha afectado el correcto desarrollo y desenvolvimiento de la administración pública en cuanto a la utilización de los bienes públicos. Por ello, solicitan que el Ministerio Público inicie esta investigación preliminar para recabar información documental, declaraciones y demás elementos que puedan ayudar a esclarecer este hecho.
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Para entender mejor las implicaciones legales, La República se puso en contacto con los abogados penalistas Andy Carrión y Joel Córdova, quienes nos explicaron que la acción de la presidenta constituye un grave delito de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal. Además, mencionaron que este delito es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.
"No solamente existe algún tipo de infracción administrativa que pueden responder los especialistas, sino que también existe un eventual delito que habría cometido la presidenta del instituto, porque ella no puede utilizar los medios, recursos ni ambientes para un fin privado, apropiándose no solo de las imágenes, sino también de las instalaciones y otras cosas que implicarían que se está exponiendo el IRTP. Estos actos constituyen el delito de peculado doloso", dijo Andy Carrión.
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El abogado Joel Córdova ha manifestado su preocupación y urgencia respecto a la actuación del Ministerio Público ante los recientes hechos que involucran a Ninoska Chandía. Córdova sostiene que existen suficientes indicios para iniciar una investigación por un delito contra la Administración Pública.
El especialista afirma que la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) permitió que la Universidad César Vallejo utilizara las instalaciones para grabar un spot publicitario, acción que contraviene los fines estatales de dichos bienes. "Las instalaciones del IRTP están destinadas a contribuir a la educación moral y social de los ciudadanos y no para servir como set de grabación para intereses comerciales privados", señaló Córdova.
Córdova destaca que el uso indebido de los bienes del Estado no solo desvirtúa la misión principal de la institución, sino que también beneficia económicamente a una entidad privada, permitiéndole reducir costos de producción y mejorar su posicionamiento comercial.
"El Ministerio Público ya debería haber actuado de oficio ante la noticia criminal, sin perjuicio de la intervención que también corresponde a la Procuraduría Anticorrupción", concluyó el abogado.