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Política

Denuncian a fiscal de la Nación: ¿qué hay detrás y porqué se relaciona con Dina Boluarte?

Juan Carlos Villena fue denunciado constitucionalmente por presuntamente haber cometido una infracción constitucional. La medida no es un hecho aislado en la búsqueda del blindaje a la presidenta, aseguró H13.

Congreso tramitará denuncia contra el fiscal Juan Villena para blindar otra vez a Dina Boluarte.

Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, fue denunciado constitucionalmente el 29 de mayo por presuntamente haber infringido la Constitución. La denuncia fue presentada por el abogado Jhon Carlos López Goicochea, quien, en el 2022, trabajó en el cargo de confianza de Jefe Zonal II de la Jefatura Zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones de la ciudad de Trujillo, en La Libertad.

La acusación se realizó coincidentemente luego de pocos días de que Villena denunciara constitucionalmente a Dina Boluarte, analizó el semanario Hildebrandt en sus Trece.

López Goicochea indicó que el fiscal de la Nación habría cometido una infracción del artículo 117 de la Constitución, el cual establece que el presidente de la república no puede ser acusado por delitos comunes mientras ejerce el cargo. “El actuar del Fiscal de la Nación no sólo contraviene la carta magna sino que también vulnera dolosamente el precepto establecido en el artículo 418 de la norma sustantiva penal, ya que con la emisión de la disposición de la Fiscalía de la Nación ha incurrido en el delito de prevaricato”, dicta el documento.

Juan Carlos Villena: ¿por qué fue denunciado constitucionalmente?

Sin embargo, este ciudadano no es el único en señalar al líder del Ministerio Público. El ministro de Justicia, también, aseguró que Villena habría faltado al artículo 117 de la Constitución.

“Cuando un juez aplica indebidamente una ley o inaplica una ley debidamente prevarica y cuando un alto funcionario como (en) este caso el Fiscal de la Nación inaplica la Constitución, lo que está haciendo es también injuriar los parámetros y principios de la Constitución y, en este caso, está incurriendo en una infracción constitucional”, señaló Arana. “Este hecho, que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial, debe ser valorado en su oportunidad”, manifestó.

De la misma forma, el primer ministro Gustavo Adrianzén, dijo: “Es intolerable que, (...) habiéndose indicado los únicos cuatro supuestos en los que puede ser acusada la presidenta, en un exceso se mella la potestad de la señora presidenta, afectando el ejercicio de sus funciones. Debió archivarse (la investigación)”.

¿Qué hay detrás y porqué se relaciona con Dina Boluarte?

Sin embargo, la denuncia contra Juan Carlos Villena no es la única forma en la que se busca blindar a Dina Boluarte, indicó el semanario H13.

Días antes, el Ejecutivo anunció que presentará una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional, por lo que alega un supuesto 'menoscabo' a las funciones y competencias de la presidenta Dina Boluarte. La resolución se publicó en el diario oficial El Peruano.

Según el documento, el viernes 17 de mayo, tras sesión de Consejo de Ministros, se acordó que el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, sería el encargado de ejecutar la demanda. En ese sentido, se dispuso que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional sea quien represente al Ejecutivo ante el TC.

"Disponer que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial", se lee en la Resolución Ministerial 151-2024-PCM, firmada por Gustavo Adrianzén.

De acuerdo con el referido medio periodístico, "esta demanda busca que el TC fujimorista determine, interfiriendo en disposiciones fiscales y decisiones judiciales, que la presidenta no puede ser investigada hasta el término de su mandato. De esta manera, se matarían dos pájaros de un solo tiro: el TC anularía las investigaciones que comprometen a la mandataria mientras que el Congreso destituiría al Fiscal de la Nación".